La Justicia venezolana excarceló la noche del miércoles 26 de julio a 30 de las 33 personas pertenecientes a la comunidad Lgtbiq+ detenidas en el estado Carabobo durante un procedimiento policial en un local privado el pasado lunes 24, tras lo que tendrán que cumplir con un «régimen de presentación», informó el activista y miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ, Yendri Velásquez, según reporta Unión Radio.
El activista detalló que durante la audiencia de presentación el tribunal admitió «toda la solicitud de la Fiscalía», y las 33 personas fueron imputadas por los delitos de «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sónica».
Los tres detenidos restantes, identificados como el dueño del local y dos de sus trabajadores, deberán presentar fiadores para su posterior excarcelación.
«No hay fundamento suficiente para que la Fiscalía genere este proceso de imputación, ni para que los tribunales acepten esta solicitud por parte de la Fiscalía», aseveró Velásquez, quien detalló que el delito de ultraje al pudor se establece cuando se trata de un acto público, lo que no ocurrió en este caso.
Además, aseguró que no hay forma de comprobar delitos como el agavillamiento, o de justificar una acusación penal por contaminación sónica.
«Lo que es evidente es que hay un ensañamiento por prejuicios homofóbicos y esto nos preocupa», dijo.
Agregó que este proceso está «marcado por irregularidades y violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de las 33 personas detenidas y sus familiares».
El observatorio presentó quejas ante Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y, en las próximas horas, articulará otras acciones con distintas ONG defensoras de derechos humanos para exponer el caso ante otras instituciones nacionales e internacionales.
Más temprano, el observatorio advirtió, mediante un comunicado de prensa, sobre el riesgo de criminalización de estas 33 personas pertenecientes a la comunidad Lgtbiq+ detenidas.
Relató que los 33 ciudadanos fueron detenidos «arbitrariamente» el pasado lunes, durante un procedimiento activado tras una «denuncia anónima».
Indicó que durante la acción policial «se incautaron objetos personales y se realizó una minuta que luego fue difundida en redes sociales, exponiendo los nombres y fotografías» de los detenidos.
