La mañana de este miércoles un grupo de activistas por los derechos humanos, junto a movimientos LGBTIQ+, exigieron frente al Palacio de Justicia del Estado Carabobo la libertad plena de las 33 personas detenidas el pasado domingo 23 de julio en un sauna de Valencia.
El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes sin ninguna orden de aprehensión acusaron a los hombres, todos mayores de edad, de haber cometido una serie de actos ilícitos. Sin embargo, los abogados defensores alegan que hasta el momento no se ha comprobado ninguna evidencia, por lo que no hay ningún delito imputable.
Los activistas rechazaron que las autoridades policiales hayan sometido a los detenidos al escarnio público al revelar sus identidades y al exponer que, presuntamente, uno de ellos había contraído VIH: una información que los abogados desmintieron rotundamente.
“Para poder realizar la prueba de VIH se necesita una autorización y a ninguno de los 33 se le ha hecho una prueba”, detalló el abogado Eleazar Medina, agregando que en caso de hacer la prueba, los resultados no podrían ser revelados de acuerdo a la Ley de No Discriminación.
Extraoficialmente se conoció que los funcionarios habrían recolectado un preservativo usado y semen en uno de las mesas del establecimiento privado, con la intención de probar que se habían realizado actos sexuales en el lugar, pero las muestras no contarían como “evidencia” para ningún hecho delictivo, ya que ninguno de los detenidos estaba actuando fuera del consenso.
Audiencia preliminar fue diferida dos veces
Según el debido proceso, los aprehendidos debieron ser presentados en una audiencia preliminar en un lapso no superior a las 48 horas. El martes en la noche la audiencia fue diferida a las 11 de la mañana de este miércoles, pero tampoco se realizó. Dieron un nuevo plazo a las 4:00 p.m. de esta tarde.
“Estuvimos aquí hasta las 11:00 de la noche de ayer, cuando nos dijeron que no les iban a hacer la audiencia. Se los llevaron otra vez para Los Guayos y nos dijeron que los traían hoy a las 9:00 para hacerle la audiencia a las 11:00 de la mañana, pero a esta hora todavía no sabemos nada y estamos preocupados. Deberían darnos alguna información”, comentó Vilma Vargas, tía de uno de los capturados, junto al grupo de manifestantes.
Vargas, al igual que la mayoría de los familiares de los 33 detenidos, se han mantenido alertas estos últimos días y han prestado apoyo logístico para la alimentación de los privados de libertad, que no ha sido garantizada por las autoridades. “Nos dijeron que la comida no se la iban a pasar en Los Guayos y por eso se las trajimos aquí, porque si es por ellos no les dan ni agua”.
Daniel Brito, miembro del movimiento carabobo LGBT, presume que el proceso se ha tardado porque “no hallan delitos que imputarles” a los detenidos. “Estamos molestos y necesitamos respuestas. Aquí han venido personas de movimientos de Caracas y Cojedes, además de los familiares. Hemos permanecido unidos desde el inicio y seguiremos apoyando”, recalcó.
OVV LGBTIQ+: “al final fueron detenidos por su orientación sexual”
El coordinador del Observatorio Venezolan de Violencia LGBTIQ+, Yendri Velásquez, consideró que las acciones que tomaron los funcionarios policiales son ataques con prejuicios homofóbicos y transfóbicos. “Al final estas personas fueron injustamente detenidas por su orientación sexual, porque no hay argumento legal para mantenerlos presos, ni para seguir difiriendo la audiencia”, denunció.
Advirtió con preocupación que podría ser el inicio del proceso de criminalización a las personas LGBTIQ sólo ser, amar y expresarse con libertad. “Este es un hecho que no se había visto en Venezuela desde la Ley de Vagos y Maleantes y está más cercano a cosas que suceden en Rusia y países de África”.
