Leopoldo Puchi
En las últimas semanas, una serie de informes emitidos por agencias de riesgo, investigaciones de medios de comunicación y análisis realizados por grupos de expertos han señalado la posibilidad de una revisión de las sanciones que pesan sobre Venezuela.
Este debate ha cobrado impulso a raíz de la revelación de Reuters sobre la elaboración de una propuesta por parte de funcionarios estadounidenses, la cual contempla la emisión de una decena de licencias a empresas interesadas en el petróleo venezolano.
Esto permitiría que más compañías y países puedan producir e importar crudo de Venezuela, con la condición de que se celebren elecciones presidenciales consideradas como libres y justas. Pero, ¿cuál es la situación real que subyace en esta propuesta? ¿Qué podemos esperar?
LAS PROHIBICIONES
Es cierto que el país logró sobrevivir a la congelación de activos durante la pandemia y a la prohibición de exportaciones petroleras. No obstante, a pesar de cierta recuperación en 2022, persisten la falta de inversiones, la inflación, la dificultad para acceder a créditos y los bajos niveles salariales.
En la actualidad, existe un consenso generalizado en cuanto a la crítica de la política de sanciones, debido a su impacto en la economía y la vida cotidiana de la población. Incluso Adán Celis, el presidente de Fedecámaras, ha expresado que “el sector privado se encuentra entre los sectores más afectados por las sanciones.
EL DESACUERDO
En 2019, la estrategia de Donald Trump hacia Venezuela fue una de las pocas políticas que en ese entonces disfrutó de un respaldo bipartidista. Tanto Nancy Pelosi como Trump coincidían en la fórmula diseñada por el Consejo de Seguridad Nacional, que consistía en la creación de un gobierno paralelo y severas medidas de bloqueo.
Sin embargo, en el panorama actual, hay un notable contraste, ya que no existe un acuerdo claro sobre el camino a seguir. Dos destacadas figuras de la política exterior estadounidense, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado, y el influyente republicano Elliott Abrams, representan las caras visibles del desencuentro y de las críticas a Joe Biden.
LAS EXCUSAS
Para justificar las sanciones se han utilizado argumentos relacionados con los derechos humanos y la celebración de elecciones libres y justas. Pero, ¿alguien puede creer que Abrams, luego de sus actuaciones por Centroamérica y de la operación Irán-Contras tiene algún interés en la democracia?
Por supuesto, la sensibilidad sobre estos temas existe, pero la política exterior estadounidense, tanto para demócratas como republicanos, está determinada por lo que consideran son intereses nacionales. Esos intereses definen las políticas y objetivos, lo que incluye la permanencia de los países latinoamericanos en su órbita geopolítica. Los críticos le reprochan a Biden que haya cedido en este punto central.
EL CORTO PLAZO
En realidad, todavía no se ha producido una fractura en la dirigencia estadounidense en cuanto a los objetivos estratégicos, los cuales siguen siendo compartidos en su esencia. Sin embargo, las divergencias surgen cuando se aborda la cuestión del petróleo, los métodos y los tiempos.
Desde la óptica del equipo de Biden, se pudiera concebir que, transitoriamente, Venezuela no se reintegre a la órbita estadounidense. Es muy probable que hayan llegado a esta conclusión por varias razones: el interés petrolero, la magnitud del fracaso de la estrategia de Trump y por realismo político, ya que es difícil lograr el objetivo en lo inmediato.
LA CONVIVENCIA
Es importante subrayar que esta circunstancia de ninguna manera implica que Biden haya renunciado al objetivo estratégico. Por este motivo, se ha mantenido el componente clave heredado de la política de Trump: las sanciones. Si bien ha habido una modificación en lo que respecta al sector petrolero, no hay que confundir las licencias otorgadas a la industria petrolera estadounidense con un levantamiento de las sanciones a la industria petrolera venezolana, la cual continúa sometida al bloqueo.
Ciertamente, la concesión de licencias a Chevron, Eni y Repsol representa un paso positivo para Venezuela, pero todavía queda pendiente la construcción de un escenario alternativo, de convivencia y cooperación entre ambos países. Este asunto no está determinado por la situación política interna venezolana, sino que depende esencialmente de los intereses geopolíticos que guían las decisiones de los líderes estadounidenses.
