Por HALELUYA HADERO Associated Press
Trabajadores de siete instalaciones de Amazon iniciaron una huelga el jueves, un esfuerzo del sindicato Teamsters para presionar a la empresa de comercio electrónico para cerrar un acuerdo laboral durante un período clave de compras.
El sindicato Teamsters, que es la Hermandad internacional de camioneros, indicó que los trabajadores, que votaron para autorizar huelgas en los últimos días, se unieron a las líneas de piquete después que Amazon ignoró la fecha límite del domingo establecida por el sindicato para las negociaciones contractuales. El sindicato calificó el paro como la mayor huelga contra la empresa en la historia de Estados Unidos, aunque Amazon subrayó que no espera que la medida laboral impacte sus operaciones.
La Hermandad Internacional de camioneros, sindicato que engloba trabajadores de los sectores privado y público, afirma que representa a casi 10.000 trabajadores en 10 instalaciones de Amazon, una pequeña parte de los 800.000 empleados en los almacenes de la compañía en Estados Unidos. El sindicato no ha dicho cuántos trabajadores participarán en la huelga ni cuánto durará el paro.
«Amazon está empujando a sus trabajadores más cerca de la línea de piquete al no mostrarles el respeto que se han ganado», dijo Sean O’Brien, presidente general de Teamsters, en un comunicado.
Las huelgas del jueves tienen lugar en siete estaciones de entrega, que son operadas por contratistas que llevan paquetes a los clientes todos los días. Incluyen tres ubicaciones en el sur de California, y una en cada una en la Ciudad de Nueva York, Atlanta, Georgia, y Skokie, Illinois, según el anuncio del sindicato.
El almacén más grande afiliado con los Teamsters está ubicado en el distrito de Staten Island en la Ciudad de Nueva York. En 2022, miles de trabajadores en el almacén, conocido como JFK8, votaron para ser representados por el naciente Sindicato Laboral de Amazon. Los trabajadores luego eligieron afiliarse a Teamsters el verano pasado.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales certificó esa elección para sindicalizarse, pero Amazon se ha negado a negociar un contrato. En el proceso, la compañía ha presentado una demanda impugnando la constitucionalidad de la junta laboral.
En las otras seis instalaciones, los empleados, incluidos muchos repartidores, se han sindicado con Teamsters demostrando un apoyo mayoritario pero sin celebrar elecciones administradas por el gobierno. Según la ley laboral, las empresas pueden reconocer sindicatos sin que se celebren elecciones, pero la práctica es inusual, dijo John Logan, director de estudios laborales y de empleo en la Universidad Estatal de San Francisco.
Los trabajadores de Amazon en más ubicaciones están «preparados para unirse» a la lucha, de acuerdo con Teamsters, señalando que los empleados en el almacén de Staten Island y en un centro aéreo de la compañía en California también han autorizado huelgas.
Cuando se le preguntó sobre la huelga el jueves, la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, dijo: «Lo que ven aquí son casi enteramente externos, no empleados ni socios de Amazon, y la sugerencia de lo contrario es solo otra mentira de Teamsters».
«La verdad es que no pudieron obtener suficiente apoyo de nuestros empleados y socios y han traído a externos para venir y acosar e intimidar a nuestro equipo, lo cual es inapropiado y peligroso», dijo Nantel.
Amazon ha dicho que no considera a los repartidores, como los que están en huelga, como sus empleados. Según su modelo de negocio, los conductores trabajan para empresas tercerizadas, llamadas Socios de Servicio de Entrega, que entregan millones de paquetes diariamente. Amazon ha acusado al sindicato, que dice representar a algunos de los conductores, de engañar «intencionalmente» al público.
«Esto es otro intento de impulsar una narrativa falsa», añadió Nantel.
Teamsters alega que Amazon controla básicamente todo lo que hacen los conductores y debería ser clasificado como empleador. Algunos reguladores laborales de Estados Unidos han apoyado al sindicato en documentos presentados ante la Junta. En septiembre, Amazon aumentó el salario de los conductores ante la creciente presión.
Las acciones de Amazon.com Inc. subieron más del 2,4% al mediodía del jueves.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por AAMER MADHANI Associated Press
WASHINGTON (AP) — Se espera que la Casa Blanca anuncie pronto que el presidente Joe Biden visitará el Vaticano para reunirse con el papa Francisco el próximo mes, en lo que probablemente será el último viaje internacional de su presidencia, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones de la Casa Blanca.
Cuando se les preguntó sobre la posible visita al Vaticano, los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a comentar.
El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, también se negó a confirmar la visita, señalando que la política del Vaticano es anunciar las audiencias papales con jefes de Estado visitantes sólo unos días antes de que ocurran.
Biden, un católico practicante, se reunió en privado con el papa Francisco a principios de este año mientras se encontraba en Italia para la reunión de líderes del Grupo de los Siete.
También se reunió con el papa Francisco en el Vaticano en 2021, cuando sostuvieron una conversación amplia sobre el cambio climático, la pobreza y la pandemia de coronavirus. Su cálida conversación también abordó la pérdida del hijo adulto del presidente, Beau, que murió de cáncer en 2015, e incluyó bromas sobre envejecer bien.
El apoyo de Biden a los derechos al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo lo ha puesto en desacuerdo con muchos obispos estadounidenses, algunos de los cuales han sugerido que se le debería negar la comunión.
Pero tras la reunión en el Vaticano en 2021, Biden dijo que Francisco lo llamó un «buen católico» que debería seguir recibiendo la comunión.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por MIKE SCHNEIDER Associated Press
La inmigración en 2024 impulsó el crecimiento de la población de Estados Unidos a su ritmo más rápido en 23 años, con lo que la nación superó los 340 millones de residentes, informó el jueves la Oficina del Censo de Estados Unidos.
La tasa de crecimiento de 1% este año fue la más alta desde 2001, y marcó un notable contraste con el mínimo histórico de 0,2% establecido en 2021, en el apogeo de las restricciones a los viajes a Estados Unidos provocadas por la pandemia, según las estimaciones anuales de población.
Este año, la inmigración aumentó en 2,8 millones de personas, en parte debido a un nuevo método de conteo que añade a las personas admitidas por razones humanitarias. La migración internacional neta representó 84% del aumento de 3,3 millones de personas entre 2023 y 2024.
Los nacimientos superaron a las muertes en Estados Unidos por casi 519.000 entre 2023 y 2024, lo cual fue un aumento sobre el mínimo histórico de 146.000 en 2021, pero aún muy por debajo de los máximos de décadas anteriores.
La inmigración tuvo un impacto significativo no solo a escala nacional, sino también para cada estado, y representa el crecimiento total en 16 estados que, de otro modo, habrían perdido población debido a los residentes que se mudan fuera del estado o a las muertes que superan a los nacimientos, dijo en un correo electrónico William Frey, demógrafo en The Brookings Institution.
«Aunque una parte del aumento puede atribuirse a los cruces fronterizos de asilados y migrantes humanitarios en un año inusual, estas cifras también muestran cómo la inmigración puede ser un factor que contribuye de forma importante a los aumentos poblacionales en una gran parte de la nación que, de otro modo, experimentaría un crecimiento lento o una reducción», dijo Frey.
Como ha sido a lo largo de la década de 2020, el Sur fue la región de más rápido crecimiento en Estados Unidos en 2024, añadiendo más nuevos residentes —1,8 millones de personas— que todas las demás regiones combinadas. Texas añadió la mayor cantidad de personas con 562.941 nuevos residentes, seguido por Florida con 467.347. El Distrito de Columbia tuvo la tasa de crecimiento más rápida de la nación con 2,2%.
El grupo de personas incluidas en las estimaciones de migración internacional son aquellas que ingresan al país a través del permiso humanitario, que ha sido otorgado durante siete décadas por gobiernos republicanos y demócratas a personas que no pueden utilizar las rutas de inmigración estándar debido a la presión del tiempo o a las malas relaciones de su gobierno con Estados Unidos. El Migration Policy Institute, una organización de investigación con sede en Washington, dijo la semana pasada que más de 5,8 millones de personas fueron admitidas bajo diversas políticas humanitarias entre 2021 y 2024.
La parte más difícil de las estimaciones anuales de población de Estados Unidos consiste en registrar el número de nuevos inmigrantes. Aunque el cambio de metodología anunciado recientemente no se relaciona con esto, su aplicación se produce un mes antes del regreso a la Casa Blanca del presidente electo Donald Trump, que ha prometido realizar deportaciones masivas de personas que están en Estados Unidos sin autorización.
El cálculo anual de cuántos migrantes ingresaron a Estados Unidos en la década de 2020, realizado por la oficina, fue mucho menor que las cifras citadas por otras agencias federales, como la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina del Censo calculó que, en 2023, ingresaron a Estados Unidos 1,1 millones de inmigrantes, mientras que la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso fue de 3,3 millones de personas. Con el método revisado, la Oficina del Censo ajustó las cifras de inmigración del año pasado en 2,3 millones de personas, o 1,2 millones de personas más.
Las estimaciones poblacionales son los conteos oficiales de población que se realizan cada año entre los censos decenales en Estados Unidos, los 50 estados, condados y áreas metropolitanas. Las cifras se utilizan para distribuir billones de dólares en fondos federales.
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Por ASTRID SUÁREZ Associated Press
BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia concedió el jueves por primera vez el beneficio de la renuncia a la persecución penal a 36 exmilitares que confesaron crímenes de «falsos positivos», como se concoe a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados falsamente como guerrilleros vencidos en combate.
La renuncia consiste en la extinción de la responsabilidad y de la sanción penal, así como la eliminación de los antecedentes penales, luego de que los beneficiados confesaran sus crímenes y aportaran detalles de los mismos en audiencias.
Varios de los exmilitares reconocieron ante las madres de los «falsos positivos» que participaron en las muertes extrajudiciales. Según el tribunal, uno de ellos dijo haberle disparado a Julián Oviedo Monroy, un joven asesinado en 2008, y otros seis dijeron haber aportado dinero para reclutarlo bajo engaños.
El tribunal explicó en un comunicado que ese beneficio se aplica a quienes no son considerados máximos responsables de los crímenes, en este caso de asesinatos y desapariciones.
El magistrado Pedro Díaz dijo a periodistas que se trata de una decisión inédita debido a que «en ningún sistema judicial, hasta el momento, se había resuelto la situación jurídica sobre personas no máximos responsables».
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina al tribunal, fue creada como parte del histórico acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para juzgar los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en cinco décadas de conflicto armado.
La JEP investiga y puede conceder sanciones que no implican la cárcel a quienes considere que aportaron a la verdad y repararon a las víctimas del conflicto. Sin embargo, quienes nieguen su culpabilidad van a juicio y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
Hasta ahora sólo un exmilitar había sido beneficiario de la renuncia a la persecución penal en noviembre, en un caso en el que aceptó su responsabilidad por el tráfico de armas que fueron vendidas a paramilitares.
Los 36 exmilitares obtuvieron el beneficio de manera condicionada a que no vuelvan a delinquir y continúen cumpliendo trabajos o actividades para reparar a las víctimas.
El magistrado Mauricio García indicó a la prensa que los exmilitares también podrán ser convocados nuevamente a declarar ante el tribunal en caso de que tengan información que ayude a esclarecer otros hechos del conflicto armado.
La JEP calcula que la cifra de víctimas de «falsos positivos» en Colombia asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.

Por DAVE COLLINS Associated Press
Mientras los avistamientos de presuntos drones en el este de Estados Unidos, incluyendo Nueva Jersey, siguen captando la atención de muchas personas, la autoridad del gobierno federal para rastrear y deshabilitar aeronaves no tripuladas consideradas amenazantes expirará después del viernes, y un proyecto de ley de gastos temporales ante el Congreso que extendería ese poder ahora está en duda.
Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió temporalmente el miércoles los vuelos de drones en 22 áreas de Nueva Jersey, donde se encuentra infraestructura crítica. Funcionarios de la FAA dijeron que las restricciones de vuelo fueron solicitadas por agencias de seguridad federales y estarán en vigor hasta el 17 de enero.
Las autoridades federales y locales han investigado avistamientos de presuntos drones, pero los funcionarios dicen que, hasta ahora, no hay nada que indique que algún dron haya representado una amenaza para la seguridad nacional o la del público. De hecho, según las autoridades, muchos de los avistamientos han sido en realidad drones legales, aviones tripulados, helicópteros e incluso estrellas.
El plan bipartidista para evitar un cierre de gobierno incluye una disposición que extendería la autoridad de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia para rastrear y deshabilitar, desde el 20 de diciembre hasta el 14 de marzo, aeronaves no tripuladas consideradas una amenaza creíble.
Funcionarios de seguridad nacional y expertos dicen que esa autoridad es fundamental para detectar y deshabilitar cualquier dron amenazante que vuele cerca de bases militares, la ubicación del presidente, las fronteras de Estados Unidos, prisiones y reuniones multitudinarias, como las celebraciones de Año Nuevo y el Super Bowl, y tenían la esperanza de que se aprobara una reautorización de esos poderes antes de la expiración programada para el viernes.
Pero el proyecto de ley de gastos temporales que incluye la reautorización fue puesto en duda el miércoles, cuando el presidente electo Donald Trump lo rechazó de forma abrupta y dijo a los republicanos esencialmente que lo renegociaran, pocos días antes de la fecha límite en la que se agotan los fondos federales. El Congreso siguió trabajando el jueves para aprobar un proyecto de ley para evitar un cierre.
Hasta el momento se ignora qué significaría una interrupción de esa autoridad a solicitud de funcionarios locales, incluso para los sistemas de detección de drones que el gobierno federal ha desplegado en varios estados, entre ellos, Nueva Jersey, donde se han reportado numerosos avistamientos. La oficina del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, remitió las preguntas sobre los sistemas de detección a los funcionarios de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó el jueves a comentar sobre la expiración de la autoridad relacionada con los drones. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, junto con otros funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden, así como republicanos y demócratas del Congreso, ha pedido repetidamente la reautorización y expansión de la autoridad para operaciones destinadas a «contrarrestar sistemas aéreos no tripulados», o C-UAS, por sus siglas en inglés.
«Garantizar que las autoridades existentes no caduquen es vital para nuestra misión, que incluye proteger al presidente y al vicepresidente, patrullar ciertas áreas designadas a lo largo de la frontera suroeste, asegurar ciertas instalaciones y activos federales, y proteger al público», dijo Mayorkas al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara en noviembre de 2023. «Cualquier interrupción en la autoridad actual del Departamento de Seguridad Nacional respecto a las C-UAS implicaría graves riesgos para nuestra seguridad nacional, ya que dicho departamento tendría que cesar o reducir las operaciones de C-UAS existentes».
Los proyectos de ley en la Cámara de Representantes y el Senado que extenderían y expandirían los poderes del gobierno federal en relación con los drones siguen pendientes. Tales proyectos de ley también permitirían por primera vez que funcionarios estatales y locales puedan rastrear y deshabilitar drones amenazantes, de conformidad con un programa piloto supervisado por autoridades federales.
El miércoles, al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se le impidió hacer avanzar rápidamente el proyecto de ley del Senado cuando el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, objetó su aprobación. Paul dijo que no se sabe con certeza si hay una amenaza de drones que justifique una acción urgente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.