El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc ), informó este 21 de julio, mediante un comunicado la solicitud de devolución de dotación policial de funcionarios jubilados, de acuerdo al anuncio el llamado obedece a la necesidad de recuperar material estratégico de uso oficial.
A continuación comunicado :
En atención a lo dispuesto por el ciudadano Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc ), Comisario General Douglas Rico, se informa a los funcionarios y funcionarias que han sido beneficiados con la jubilación administrativa que deben proceder, de manera obligatoria e inmediata, a la entrega de todo equipo policial que aún se encuentre bajo su responsabilidad y custodia.
Este llamado obedece a la necesidad de recuperar el siguiente material estratégico de uso oficial:
- Armas de fuego orgánicas,
- Chalecos antibalas o de protección balística,
- Esposas y demás implementos policiales asignados durante la carrera activa.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Bienes Públicos, tales bienes forman parte del patrimonio del Estado venezolano, y su uso está restringido exclusivamente al ejercicio activo de funciones policiales. Una vez cesadas dichas funciones por jubilación, el funcionario carece de fundamento legal para retener estos bienes.
티 uso, posesión o retención injustificada de estos equipoS puede Ser sanCionado conforme a lo establecido en:
El Artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, que sanciona el peculado de us0, Cuando bienes públicos son utilizados o conservados de manera indebida.
- La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cuyos artículos 5 y 113 establecen que las armas asignadas a cuerpos de seguridad constituyen armamento de reglamento, y solo pueden estar bajo la tenencia de funcionarios activos, previa autorización y registro ante la autoridad competente.
Adicionalmente, el incumplimiento de este mandato podría limitar la capacidad operativa del Cicpc, al impedir la reasignación de los recursos a funcionarios activos, afectando negativamente la prestación del servicio de seguridad ciudadana.
Se establece un plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de este comunicado, para que todos los exfuncionarios cumplan con esta obligación legal. La entrega debe efectuarse en la sede administrativa correspondiente a su adscripción.
El Cicpc reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la correcta administración de los bienes del Estado. El incumplimiento de este requerimiento será objeto de remisión a las autoridades competentes para la determinación de responsabilidades administrativas penales.
