Consulta para la reforma del sistema judicial penal venezolano
(Por: Rubén Limas Telles)
Queremos un sistema judicial penal que garantice los principios constitucionales, los derechos humanos, sea imparcial, justo, igualitario, digitalizado y moderno, adaptándose a las nuevas tecnologías. Que derrumbe las barreras de la criminalización de la pobreza y la disidencia.
Por ello, vamos a respaldar el acuerdo presentado en la sesión de la Asamblea Nacional el pasado martes 2 de junio, en relación a la consulta para la reforma del sistema judicial penal como vía democrática y participativa, la cual ha solicitado el Ejecutivo Nacional, como parte de la oferta que la Presidenta hiciera en el marco de la reapertura del año judicial en un claro reconocimiento del Ejecutivo de que el sistema judicial ha fallado.
Estamos de acuerdo en la consulta nacional para reformar la justicia penal, y ojalá pronto de las otras competencias de la justicia, como por ejemplo, la civil y mercantil, en la cual se promueva la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones, con aportes de todos los sectores de Venezuela, en su experiencia sobre la aplicación de la normativa penal en el país.
Un sistema que garantice justicia efectiva, expedita y sin dilaciones. Moderna y transparente que respete las garantías democráticas en el sistema penal.
Entendemos que la participación de ciudadanos, profesionales, universidades y organizaciones sociales es esencial en esta reforma, por ello esta consulta debe ser amplia e inclusiva.
Una consulta que fomente la participación activa en debates y mecanismos de consulta. Que nos permita utilizar capacidades técnicas y legislativas para sistematizar propuestas en un proyecto de ley que dinamice, modernice y humanice la justicia venezolana.
Un buen diagnóstico nos permite un tratamiento correcto. Por lo tanto, esta reforma debe de manera inmediata, abordar la politización y pérdida de independencia judicial; no pueden seguir jueces y tribunales sometidos a presiones políticas, designaciones arbitrarias y falta de garantías de autonomía. Esto socava la imparcialidad y produce decisiones afectadas por intereses del poder.
Las detenciones arbitrarias y uso de figuras penales indeterminadas; en las cuales hayan detenciones sin órdenes fundadas, aprehensiones por motivos políticos y uso de delitos vagos que facilitan la criminalización selectiva.
Se debe abolir las violaciones al derecho del debido proceso; juicios sin debida publicidad, dilaciones excesivas, acceso limitado a la defensa privada, archivos de causa incompletos, actuaciones sumarísimas y evidencias obtenidas en condiciones ilegales admitidas en procesos.
Tambien abordar las torturas y tratos crueles. Hay millares de denuncias masivas de malos tratos, tortura y tratos inhumanos en centros de detención y cárceles; ausencia de investigación efectiva y sanción a los responsables.
Revisar a fondo la impunidad estructural, extorsión y corrupción con altas tasas de impunidad por investigaciones deficientes, manipulación de expedientes, sobornos y redes que protegen a perpetradores, incluso dentro de cuerpos policiales y judiciales.
Revisar las deficiencias en defensa pública y acceso a la justicia; falta de defensores públicos suficientes y formados, condiciones precarias para la defensa técnica, costos procesales y barreras para poblaciones vulnerables. Lo que hemos llamado la criminalización de la pobreza.
Sistema penitenciario colapsado: hacinamiento, condiciones insalubres, falta de programas de reinserción y control limitado del Estado sobre prisiones y paramilitarismo dentro de ellas.
Falta de transparencia, estadísticas y rendición de cuentas con ausencia de datos confiables sobre detenciones, procesos, penas y cumplimiento, lo que dificulta políticas públicas basadas en evidencia.
No se puede seguir permitiendo el uso del sistema penal como herramienta de represión contra la disidencia. Opositores, activistas, periodistas y organizaciones civiles, generando clima de miedo y debilitamiento del Estado de derecho. Necesitamos un sistema penal justo, equitativo e igualitario. Trabajemos con integridad, honestidad, empatía y valentía para que la ley proteja y respete la dignidad de todas las personas, los derechos humanos de todos por igual, para garantizar la verdadera paz y la convivencia democrática.
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