(AP) — El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, afirmó el lunes que las autoridades venezolanas tienen aún pendiente la aplicación de leyes y medidas concretas para proteger los derechos humanos y resaltó que las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 “siguen en marcha”.
En su discurso con motivo de la reunión anual de los países miembros de la CPI en La Haya, Khan indicó que monitorea de forma activa los acontecimientos actuales, incluidas acusaciones tras las controversiales elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela en las que el presidente Nicolás Maduro y la oposición se adjudican la victoria.
El fiscal de la CPI recordó que en su visita al país sudamericano en abril enfatizó a las autoridades venezolanas “la necesidad de ver un impulso y un programa real” en materia de protección de derechos humanos.
Mientras que después de las elecciones presidenciales “insistí en mis comunicaciones con Venezuela” y “en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos humanos de civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”, acotó.
A raíz de las manifestaciones más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo, de ellos 1.903 permanecen detenidos, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. Unos 42 de los arrestados son adolescentes. En meses recientes, al menos 86 menores de edad fueron liberados, indicó Foro Penal.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
Khan anunció a fines de 2021 que abriría una investigación tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, la investigación a gran escala quedó temporalmente en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. En marzo la CPI desestimó los recursos presentados por el gobierno de Maduro contra la apertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas bajo el mandato de Maduro durante la represión de protestas antigubernamentales en 2017.
El fiscal ha destacado que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017, y Venezuela no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
LA CPI y Venezuela suscribieron en junio del año pasado un memorando de entendimiento en el que acordaron la apertura expedita de una oficina de ese organismo internacional en Venezuela, que apuntaba a facilitar las investigaciones y permitir a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país.
Violación de derechos de Henrique Capriles
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado de Venezuela por la violación de derechos políticos del excandidato presidencial Henrique Capriles durante las elecciones de 2013.
Según comunicó la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, durante este proceso se determinó que se violentaron los derechos a libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Capriles, al tiempo que el aparato estatal favoreció la candidatura de Nicolás Maduro. Eso, a juicio del organismo, representa una vulneración grave a los principios democráticos.
Capriles, un joven abogado, utilizó su carisma y estilo no confrontativo para ganar el apoyo de millones y convertirse en una amenaza electoral para el ya fallecido presidente Hugo Chávez en 2012.
Capriles perdería esa elección, y otra al año siguiente tras la muerte de Chávez, ante el actual presidente Nicolás Maduro. Fue durante esa segunda contienda en 2013 que el tribunal dictaminó el lunes que el gobierno violó los derechos de Capriles y favoreció a Maduro.
En 2017, el gobierno de Maduro le prohibió a Capriles volver a postularse durante 15 años.
De acuerdo con la Corte Interamericana, Maduro fue habilitado como candidato sin haber renunciado a su posición como “presidente encargado” y finalmente fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un 50,61% de los votos, mientras que a Capriles se le acreditó una votación del 49,12%.
En su cuenta de X, Capriles escribió que “”11 años después (la Justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección del año 2013 ante la CorteIDH”.
