Juan Carlos Tanus, aspirante por la Alianza Verde-En Marcha, califica de «atentado administrativo» la decisión de la Cancillería de reducir a un solo día la jornada para 178,000 electores.
El candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, Juan Carlos Tanus, denunció este sábado que la Cancillería colombiana ha impuesto un «muro burocrático» que impide el ejercicio democrático de 178,000 ciudadanos colombiano a en Venezuela.
El aspirante por la coalición Alianza Verde-En Marcha señaló que la administración, bajo
la dirección del canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, ha decidido reducir arbitrariamente, el periodo de votación a un solo día, el domingo 8 de marzo, ignorando el derecho legal que otorga una semana completa para el sufragio en el extranjero.
Tanus advirtió que esta medida no representa un simple inconveniente logístico, sino
una estrategia de exclusión dirigida a silenciar a la mayor comunidad de colombianos
fuera del país.
“Al concentrar a miles de votantes en puntos mínimos y en una sola jornada, la
Cancillería desconoce las realidades territoriales y las graves dificultades de transporte
que enfrentan los connacionales en Venezuela, lo que en la práctica se traduce en una
eliminación efectiva de la capacidad de participación para la gran mayoría del censo
electoral” sentenció.
Según el candidato, mientras que en ciudades como Madrid, Miami o París se garantiza
el acceso a las urnas durante los siete días que dicta la ley, a los colombianos en
Venezuela se les castiga con restricciones que los convierten en ciudadanos de segunda
clase, lo que evidencia una profunda discriminación geográfica en el trato que el Estado
brinda a sus migrantes.
Tanus cuestionó que la infraestructura consular siga siendo precaria y que se obligue a
los electores a desplazarse bajo condiciones de movilidad críticas, lo que constituye un
obstáculo insalvable para el trabajador y el estudiante.
Ante esta situación, el líder político exigió la intervención inmediata de la Registraduría
Nacional y la Procuraduría para corregir este «secuestro del voto» antes de la fecha electoral ya que “la voz de los 178,000 compatriotas que votan en Venezuela no puede
ser borrada por un decreto administrativo” acotó.
Para finalizar recordó a la Cancillería que garantizar el voto es una obligación
constitucional del Estado y no una concesión discrecional del gobierno de turno.
Nota de prensa
