Por EDGAR H. CLEMENTE Associated Press
TAPACHULA, México (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el viernes que el ejército presentó una denuncia contra los militares implicados en el asesinato de seis migrantes ocurrido esta semana en el sur de país, un caso que ha puesto una vez más en tela de juicio la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en México.
Entre los fallecidos hay tres originarios de Egipto, uno de Perú, otro de Honduras y otro que aún no ha sido identificado. Las autoridades no han revelado las edades de los muertos, pero entre las víctimas hay dos hermanas egipcias de 11 y 18 años, informaron a The Associated Press dos agentes, uno federal y otro estatal, que hablaron en condición de anonimato porque no están autorizados a hacer declaraciones sobre el caso.
Durante su conferencia matutina Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “presentó una denuncia contra los elementos que dispararon”, pero no ofreció detalles.
Por el caso están siendo investigados dos soldados que presuntamente integraron la patrulla militar que el pasado martes disparó contra una camioneta, que llevaba decenas de migrantes, en la localidad sureña de Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas.
Los militares fueron separados de sus cargos y están a la disposición de la Fiscalía General de la República.
Al lamentar el incidente, Sheinbaum solicitó la víspera la Fiscalía federal lleve adelante la investigación de los hechos junto con la policía militar y planteó que se debería investigar “si hay responsabilidad adicional de mandos”.
Según la Sedena, la patrulla militar disparó contra una camioneta que llevaba 33 extranjeros y que intentó huir al ser interceptada. Detrás del vehículo iban dos unidades que también se dieron a la fuga. El ejército sostiene que en la persecución “personal militar manifestó escuchar detonaciones por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas”.
La versión de la Sedena fue respaldada el jueves por el Ministerio Público que señaló en un comunicado que los militares llegaron al lugar tras ser alertados sobre “personas armadas” y que las tres unidades “se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran”.
“En la persecución a dichos vehículos el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes y por ello repelieron el ataque”, indicó la Fiscalía.
La región donde ocurrieron los hechos, cercana a la frontera con Guatemala, es una ruta habitual para el tráfico de migrantes que suelen viajar hacinados en camiones de carga.
El Ejército confirmó que en el lugar murieron cuatro migrantes y dos más fallecieron en un hospital. Otros 10 resultaron heridos y 17 ilesos.
El proceso de identificación de las víctimas se ha demorado, lo que ha complicado la determinación de las edades, y en algunos casos su nacionalidad, pero se estima que tenía entre 11 y 50 años, dijo un agente federal a AP.
De los migrantes que resultaron heridos e ilesos el Ministerio Público informó que la mayoría fueron identificados como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto.
No es la primera ocasión en que militares persiguen y disparan a vehículos en los que se trafica migrantes, dejando como saldo muertos y heridos. En 2021, en la misma zona donde ocurrió el martes la persecución, un ciudadano cubano murió y cuatro migrantes resultaron heridos por disparos de agentes de la Guardia Nacional cuando viajaban en una camioneta.
Este nuevo caso ha alentado las críticas de la cúpula de la Iglesia católica mexicana y organizaciones humanitarias locales sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México, que se inició hace décadas y se profundizó durante el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien entregó al ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que el exgobernante creó en 2019 para reemplazar a la extinta policía federal y que inicialmente estaba bajo mandos civiles.
Pese a las críticas, Sheinbaum ha expresado en los últimos días su respaldo a las Fuerzas Armadas, que acumularon durante la administración pasada numerosas tareas y presupuesto que anteriormente eran manejados por civiles.
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La periodista de AP, Fabiola Sánchez, contribuyó a este despacho desde la Ciudad de México