WASHINGTON / CARACAS — En un dictamen histórico que redefine los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos y genera un profundo impacto en la comunidad migrante global —incluyendo a cientos de miles de familias de la diáspora venezolana—, el Tribunal Supremo propinó este martes un contundente revés judicial al presidente Donald Trump.
Con una votación de 6 a 3, la máxima instancia judicial del país declaró inconstitucional el decreto ejecutivo firmado por Trump el pasado 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, con el cual pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento (ius soli) para los hijos de padres indocumentados o con visados temporales (como turistas o trabajadores).
La decisión, que cerró formalmente el periodo judicial de la corte antes del receso de verano, blinda una tradición jurídica e histórica amparada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense desde 1868.
Una mayoría conservadora fracturada por la Constitución
El fallo representa un inusual quiebre dentro del bloque de jueces de tendencia conservadora (seis de los nueve magistrados), quienes de manera sistemática venían fallando a favor de la Administración Trump —incluyendo la histórica sentencia de inmunidad presidencial de julio de 2024—.
En esta ocasión, el presidente del tribunal, John Roberts, lideró la opinión mayoritaria y sumó los votos de los tres jueces de tendencia liberal y de dos de los magistrados nombrados por el propio Trump en su primer mandato: Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh (este último con ciertas puntualizaciones en su argumento).
«La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos… Los redactores ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa», escribió el juez Roberts en la sentencia de 194 páginas, desestimando de forma tajante el argumento gubernamental de que la globalización obligaba a reinterpretar la ley fundamental. «Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma», zanjó.
Por el contrario, los magistrados situados en el ala más a la derecha del espectro, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, votaron en contra. Thomas manifestó en su opinión disidente su temor de que la sentencia «devalúe la ciudadanía estadounidense».
Un decreto frenado desde el origen
La orden ejecutiva de Trump había sido diseñada como la punta de lanza de su agresiva política migratoria para este mandato, justo cuando la nación norteamericana se encamina a celebrar su 250 aniversario el próximo 4 de julio. Sin embargo, tres demandas consecutivas en tribunales federales paralizaron su aplicación de forma preventiva antes de llegar al Supremo.
Incluso en un gesto inédito para un mandatario en funciones, Trump asistió en persona el pasado mes de abril a las audiencias orales del caso para presionar a la corte, retirándose antes de que concluyeran tras el escéptico interrogatorio al que los jueces sometieron al abogado del Gobierno, John Sauer.
Tras conocerse el fallo de este martes, el mandatario utilizó su red social, Truth Social, para calificar la sentencia de «lamentable» y asegurar de manera errónea que Estados Unidos es «el único país del mundo lo suficientemente estúpido» en mantener este derecho, obviando que la gran mayoría de las naciones del continente americano aplican el mismo principio.
Choque institucional y el panorama político
El terremoto político se trasladó de inmediato al Capitolio. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, tildó el fallo de «muy decepcionante» e insinuó la posibilidad de impulsar una enmienda constitucional para corregir lo que considera un «abuso» del sistema por parte de la migración irregular.
No obstante, Trump desautorizó públicamente a Johnson a través de sus redes, exigiendo una vía legislativa ordinaria inmediata: “¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería empezar HOY MISMO a trabajar para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento… ¡Contarán con mi apoyo total!”, exclamó el gobernante, consciente de la virtual imposibilidad de lograr el consenso de dos tercios necesario para reformar la Carta Magna.
Pese al duro revés migratorio, la jornada del martes dejó dos victorias parciales para la agenda de la Casa Blanca en otros ámbitos de la sociedad civil: el Supremo avaló la prohibición para que atletas transgénero participen en competencias deportivas femeninas y derribó nuevas barreras para la inyección de capital externo en las campañas políticas.
Para la comunidad de venezolanos en EE. UU., tanto aquellos bajo regímenes de protección temporal como los que se encuentran en situaciones de limbo jurídico o irregularidad, la decisión de la alta corte supone un bálsamo de seguridad jurídica fundamental para el estatus de sus hijos nacidos en suelo norteamericano.
