El tiroteo que cobró la vida de la guardia nacional Sarah Beckstrom en Washington D.C., presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano con asilo, ha servido como detonante para que la Administración Trump ejecute una de las reestructuraciones más radicales de la política migratoria estadounidense en décadas. El presidente ha ordenado una ofensiva de amplio espectro, suspendiendo solicitudes y poniendo bajo una lupa de «alto riesgo» a ciudadanos de casi una veintena de países.
El Servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha dado seguimiento a las directrices presidenciales con un memorando que sienta las bases para un cambio de rumbo drástico en la gestión de asilo, Green Cards y naturalizaciones.
Pausa en el corazón del asilo
La medida más inmediata y visible es la pausa indefinida en la consideración de aproximadamente 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes ante el USCIS.
Esta decisión representa un cambio brusco para la administración, que hasta ahora había trabajado con un ritmo acelerado para reducir la acumulación de casos de asilo. Aunque la medida parece no aplicarse a los tribunales de inmigración, donde se tramita la mayor parte de los casos, la suspensión en la agencia federal paraliza de facto a miles de solicitantes que esperaban una respuesta de protección en Estados Unidos.
El veto de «alto riesgo»: 19 países en la lista negra
El memorando del USCIS ordena suspender la consideración de una amplia gama de beneficios migratorios —incluyendo autorizaciones de trabajo, Green Cards, naturalización y patrocinio familiar— para ciudadanos de 19 países clasificados por la administración como de «alto riesgo».
La lista incluye naciones de especial relevancia geopolítica para la región y el mundo, como Afganistán, Cuba, Venezuela, Irán, Haití y Somalia. Los ciudadanos de estos países, que ya enfrentaban restricciones de viaje, quedan ahora inhabilitados para optar a la residencia permanente o patrocinar a familiares. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya ha recomendado ampliar esta lista a unos 30 países.
La «reevaluación exhaustiva» de beneficios aprobados
La orden más polémica es la «reevaluación exhaustiva» de las solicitudes de todos los migrantes de esos 19 países que obtuvieron beneficios migratorios desde el 20 de enero de 2021, día en que Joe Biden asumió el cargo.
Este proceso masivo y sin precedentes podría requerir nuevas entrevistas para «evaluar a fondo todas las amenazas a la seguridad nacional y pública». Trump ha insistido en que la administración anterior no evaluó adecuadamente a los migrantes afganos. Sin embargo, expertos como Denise Gilman, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas, señalan que los procesos de asilo afganos ya implicaban una evaluación rigurosa y entrevistas exhaustivas.
Es altamente probable que estos cambios radicales sean objeto de litigio en tribunales federales, un tema recurrente en la política migratoria de la Casa Blanca. No obstante, como advierte la experta Gilman, «mientras tanto, habrá una larga pausa y el atraso aumentará. Mientras tanto, la gente sale perjudicada y la administración se sale con la suya».
