1318 x 300
previous arrow
next arrow

Estados Unidos pide inmunidad para Delcy Rodríguez en demanda por estadounidenses torturados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos  solicitó  formalmente a un tribunal federal de Florida que reconocer  la inmunidad de la presidenta encargada de  Venezuela, Delcy Rodríguez, y archive una demanda presentada y fallada contra ella al considerar que, como jefa de Estado en ejercicio, no puede ser sometida a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. La líder del oficialismo venezolano había sido investigada por la vía penal en Florida por graves delitos, pero esos casos instruidos por la fiscalía y con implicación del FBI y la DEA han quedado paralizados en este mandato presidencial.

La decisión de darle inmunidad a Delcy, formalizada en un escrito de siete páginas presentado el lunes ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, supone una confirmación oficial, con todos los efectos, de que Washington reconoce a Rodríguez como presidenta de Venezuela, un extremo del que depende precisamente la concesión de esa inmunidad. Será inmune en causas civiles y penales mientras sea reconocida presidenta.

El documento está firmado por Natalie M. Villalon, abogada de la División Civil del Departamento de Justicia, bajo la autoridad del fiscal general adjunto Brett Shumate. Se trata de una «sugerencia de inmunidad», el mecanismo mediante el cual el poder ejecutivo informa formalmente al juez de que Rodríguez goza de protección como jefa de Estado y pide que el tribunal deje de ejercer jurisdicción sobre ella mientras continúe en el cargo.

La intervención de la Administración Trump se produce en el caso Kenemore vs. Maduro, una demanda civil presentada en Florida contra Nicolás Maduro y otros dirigentes venezolanos. El Departamento de Justicia no entra a valorar el fondo de las acusaciones formuladas por los demandantes. Su intervención se limita exclusivamente a sostener que Delcy no puede seguir siendo parte del procedimiento mientras ocupe la jefatura del Estado venezolano.

El caso concluyó el pasado mayo con una sentencia de un juez federal de Miami que condenó al régimen venezolano a pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados, encarcelados y sometidos a torturas físicas y psicológicas en Venezuela entre 2022 y 2023. La demanda responsabilizaba, entre otros altos cargos del régimen, a Maduro y a Delcy por esos hechos.

El Ejecutivo sostiene que la decisión de dar inmunidad corresponde exclusivamente al presidente de Estados Unidos y al Departamento de Estado. Según el escrito, corresponde al Poder Ejecutivo determinar qué personas disfrutan de inmunidad como jefes de Estado y los tribunales deben aceptar esa determinación sin revisarla.

Solicitan archivar  

La consecuencia práctica es que el Departamento de Justicia solicita al juez que archive todas las reclamaciones contra Rodríguez «sin perjuicio», es decir, sin impedir que puedan reactivarse cuando deje de ocupar la Presidencia de Venezuela. Es una forma de marcar los pasos de la líder chavista.

La inmunidad de los jefes de Estado no constituye una excepción creada para este caso. El propio escrito recuerda que la doctrina ha sido aplicada anteriormente a dirigentes como Paul Kagame, Ariel Sharon, Mahinda Rajapaksa o la reina Rania de Jordania. El Departamento de Justicia insiste en que ningún tribunal estadounidense ha mantenido una demanda contra un jefe de Estado en ejercicio después de que el Ejecutivo reconociera su inmunidad.

 

No obstante, el caso venezolano presenta un componente político singular. La inmunidad no implica absolución ni elimina cualquier responsabilidad futura. Tampoco extingue otras investigaciones que puedan existir. Simplemente impide que un tribunal estadounidense ejerza jurisdicción sobre la persona mientras ostente la condición de jefa de Estado.

 

La decisión no necesariamente alcanzaría, sin embargo, a investigaciones penales futuras ni supone una amnistía. La inmunidad personal protege frente al ejercicio de la jurisdicción durante el mandato, pero no elimina la posibilidad de actuaciones una vez abandonado el cargo, especialmente respecto de actos privados o cuando la inmunidad deje de existir.

 

TUFLASHNEWS

Otras Noticias

Más Leídas