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Gobierno desmiente que los escombros de La Guaira hayan sido arrojados al mar y anuncia su reutilización tecnológica

El presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, desestimó categóricamente este sábado las versiones difundidas en redes sociales que señalaban al Estado venezolano por el supuesto vertimiento al mar de los escombros resultantes del colapso de edificaciones tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Rodríguez calificó tales aseveraciones de «barbaridad» y aseguró que, bajo ninguna circunstancia, ni el equipo gubernamental ni los expertos internacionales que asesoran las labores de remoción contemplarían una medida de esa naturaleza, destacando que Venezuela es una de las naciones con políticas más estrictas de protección a la fauna marina en el mundo.

El funcionario explicó que, en lugar de desechar el material, el Ejecutivo evalúa actualmente mecanismos tecnológicos para su procesamiento y reutilización en nuevos proyectos de infraestructura, señalando entre las opciones la posibilidad de emplear estos componentes para la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una obra prioritaria dentro del plan de recuperación liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El manejo de este material representa un reto de gran magnitud, considerando que los sismos generaron un volumen aproximado de 1.280.000 toneladas de escombros. Más allá de lo operativo, el jefe del Estado Mayor aprovechó la ocasión para denunciar que la desinformación ha entorpecido gravemente las labores de auxilio tras la catástrofe.

Rodríguez enfatizó que la falsa alarma de tsunami difundida el 25 de junio resultó «criminal», al provocar que ciudadanos abandonaran las labores de búsqueda de sus seres queridos por temor, retrasando significativamente las operaciones de rescate y despeje de vías.

Asimismo, el funcionario criticó la circulación de videos fabricados con inteligencia artificial que, al replicarse en medios internacionales, han obligado a desplegar investigaciones innecesarias que distraen recursos y personal esencial para la atención directa a las víctimas de los sismos.

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