El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó su rechazo al informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se identifican países considerados como productores o puntos de tránsito de drogas ilícitas.
En un comunicado oficial, las autoridades venezolanas calificaron el documento como infundado y señalaron que contradice datos de organismos internacionales especializados.
Datos de organismos multilaterales
Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Venezuela ha sido certificada como territorio libre de cultivos ilícitos entre los años 1999 y 2025. Además, el país no figura como productor ni como centro de acopio en los reportes más recientes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), correspondientes a 2024 y 2025.
Las autoridades venezolanas también destacaron que, de acuerdo con la ONUDD, el 87 % de las exportaciones de cocaína provienen de Colombia y se movilizan por el océano Pacífico, mientras que solo un 5 % intenta transitar por territorio venezolano. En este contexto, el Gobierno asegura que sus operativos han logrado interceptar al menos el 70 % de las sustancias ilícitas que intentan cruzar sus fronteras.
El comunicado oficial también hace referencia al delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Cifras de la ONUDD estiman que entre el 20 % y el 30 % de los ingresos generados por el comercio global de drogas —calculado entre 426 y 652 mil millones de dólares anuales— son lavados en Estados Unidos, lo que representaría hasta el 2,7 % de su Producto Interno Bruto. Instituciones financieras como HSBC, Wells Fargo y Deutsche Bank han sido sancionadas en el pasado por su vinculación con estas prácticas.
Postura oficial y llamado internacional
El Gobierno venezolano reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la defensa de su soberanía, en el marco de los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, instó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una campaña de desinformación y presiones externas, y exigió el cese de acciones que, a su juicio, vulneran la paz y la autodeterminación del país.
La declaración se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas, en el que Venezuela sostiene que los señalamientos del Departamento de Estado forman parte de una estrategia política orientada a desacreditar a gobiernos soberanos en la región.
