La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, en La Haya, Países Bajos, en el marco de los procedimientos abiertos relacionados con el país.
Durante el encuentro, Rodríguez consignó ante la CPI el estudio publicado por la revista científica The Lancet, el cual analiza los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en la salud pública a nivel global. Según la investigación, que abarcó 152 países, más de 564.000 personas fallecen anualmente como consecuencia de estas sanciones, afectando de manera desproporcionada a niños menores de cinco años y adultos mayores. El estudio atribuye parte de estas cifras a políticas promovidas por Estados Unidos y otros países occidentales, en el contexto de estrategias de presión internacional.
Rodríguez comparó el impacto de las sanciones con las tasas de mortalidad derivadas de conflictos armados y expresó preocupación por el ritmo del proceso judicial iniciado hace más de cinco años, conocido como “Venezuela II”, el cual fue remitido por el Estado venezolano.
Expediente Venezuela I
En relación con el expediente “Venezuela I”, la vicepresidenta reiteró que, según el Gobierno, en el país no se han cometido delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Asimismo, manifestó la disposición de Venezuela para continuar con los mecanismos de cooperación técnica y complementariedad positiva, bajo el principio de respeto a la jurisdicción nacional.
Durante su intervención, Rodríguez también hizo referencia a la pérdida del 99% de los ingresos en divisas del país, señalando que esta situación ha generado impactos significativos en áreas como salud, educación, alimentación y programas sociales.
Finalmente, la funcionaria indicó que se han entregado nuevas evidencias ante la CPI, en las que se denuncia la presunta comisión de delitos como asesinatos, persecución y agravamiento de condiciones humanitarias, en el marco de las sanciones internacionales.
