El uniformado se convirtió así en el primer excomandante del ejército colombiano en ser imputado por la justicia para la paz. Hasta el momento este tipo de medidas judiciales habían recaído en encargados de batallones y brigadas militares. El general Montoya fue la cabeza del ejército entre 2006 y 2008, en medio del segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2003 cuando el militar en retiro era comandante de la IV Brigada del ejército que tenía jurisdicción en 16 municipios del departamento de Antioquia, en el noreste del país.
De acuerdo con la justicia para la paz, el uniformado habría mentido “sobre el número de bajas” que conseguía esta brigada. También habría encubierto presuntos “casos de extralimitación en el uso de la fuerza” y habría presionado “a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas” supuestamente en combate.
Esto es lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, civiles ejecutados por las fuerzas militares que eran presentados como guerrilleros muertos en combate para aumentar el número de bajas reportadas y la supuesta eficacia en la lucha contra la guerrilla.
Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, otra instancia creada tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre 2002 y 2008 se habrían producido 6.402 crímenes de esta naturaleza.
En el caso de Montoya la JEP manifestó el miércoles que la imputación se sustenta “en parte en la presión” que presuntamente habría ejercido sobre sus subalternos y que derivó en la comisión de estos asesinatos y desapariciones forzadas.
La JEP también imputó a dos excomandantes del IV Batallón de Infantería por “contribuir a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes”.
