CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un fiscal guatemalteco anunció el jueves que pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo, su vicepresidenta y legisladores del Movimiento Semilla a quienes señala de haber hecho publicaciones en las redes sociales animando a los estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año.
Así lo indicó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa Ángel Saúl Sánchez, mientras se realizaban allanamientos en varias viviendas y se buscaba detener a casi 30 estudiantes y catedráticos universitarios y a miembros del partido Semilla, a un periodista y a un exprocurador de Derechos Humanos.
Un par de horas después, en respuesta a las acciones de la fiscalía, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Matthew Miller anunció que 11 guatemaltecos — los cuales no fueron identificados — enfrentarán sanciones que incluyen el retiro de visa.
“Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo” dijo Miller en un comunicado. “Esto incluye los planes de funcionarios del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa (Karin) Herrera, así como contra miembros del partido Semilla y otros miembros de la oposición”.
El gobierno estadounidense agregó que también condena “las redadas y detenciones por motivos políticos contra miembros del partido Semilla”.
Los allanamientos del jueves fueron a solicitud de la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación y autorizados por el juez Victor Cruz por la toma de la universidad entre el 27 de abril de 2022 y 9 de junio de 2023. La fiscalía acusa a los señalados por presunta usurpación agravada en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Entre las pruebas que la fiscalía tiene contra Arévalo, según documentos a los que tuvo acceso The Associated Press, están mensajes en X, antes llamada Twitter, formulados por el presidente electo.
En uno de ellos, según la fiscalía, Arévalo escribe: “La USAC está permitiendo ver un rayo de esperanza en Guatemala. Felicitaciones a los profesionales estudiantes y docentes que están mostrando que las cosas pueden hacerse de manera diferente tal y como debe suceder en Guatemala”.
La investigación inició meses atrás cuando varios de los señalados ya gozaban de inmunidad por sus cargos.
Las inmunidades
Por la tarde, Arévalo y Herrera rechazaron en una rueda de prensa los actos de la fiscalía y anunciaron acciones legales contra las acusaciones, a las que calificaron de ilegales.
El presidente electo reiteró que “el Ministerio Público de Consuelo Porras no busca justicia como ha quedado claro, confirma que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas”.
“Ya no queda ninguna duda, en Guatemala están fraguando una regresión autoritaria. Se han anunciado medidas absolutamente ilegales, para amedrentar a la vicepresidenta electa y al presidente electo democráticamente”, agregó.
Marcela Blanco, una joven activista de Semilla y excandidata, indicó en sus redes sociales que la fiscalía llegó a su vivienda a detenerla y que la estaban amedrentando. “Soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo esto por hablar en contra de la corrupción. Les pido su apoyo”, dijo.
Por su parte, el catedrático universitario Roberto Chang fue detenido y a su llegada esposado a los tribunales sostuvo que su arresto es el costo por denunciar la corrupción.
La OEA se pronuncia
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condenó en un comunicado las medidas de la fiscalía.
“Estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, indicó.
Agregó que el Ministerio Público, como institución del Estado guatemalteco, “se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana” en varios de sus artículos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo en un mensaje en redes sociales que los allanamientos de la fiscalía “y otros esfuerzos encaminados para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables”. Agregó que quienes intenten interferir con una transición pacífica en el país centroamericano “enfrentarán las consecuencias”.
El jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea, Jordi Cañas, dijo más temprano a la AP vía telefónica que observaba con profunda preocupación e indignación las acciones de la fiscalía y que quienes dirigen la institución son “una verdadera amenaza a los derechos y libertades de las personas de este país”.
Este no es el único proceso contra Arévalo y su partido que emprende la fiscalía liderada por Consuelo Porras con la intención, según Arévalo, de impedir que asuma el poder el 14 de enero como está previsto.
La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo, Semilla, magistrados electorales y los más de 125.000 ciudadanos que participaron en las elecciones generales recibiendo, contando y resguardado los votos de miles de ciudadanos que le dieron la victoria al progresista.
Cañas presentó el lunes su informe final en el que reafirmó que en el país no hubo fraude, tal como lo asegura la fiscalía.
Acción estudiantil
Los estudiantes tomaron las instalaciones de la única universidad pública del país en respuesta a la elección del rector Walter Mazariegos, quien al momento de los comicios dejó entrar al lugar de votación sólo a 72, de 170 electores integrados por profesionales, estudiantes y catedráticos, los únicos que iban a votar por él.
Mazariegos fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense por “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento”, dijo entonces el gobierno estadounidense.
Tras su llegada a la universidad, que ocupa varios espacios importantes en instituciones a nivel nacional, el rector se alineó con el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y obstruir la lucha anticorrupción.
El juez Cruz también está sancionado por Estados Unidos por “entorpecer investigaciones de casos de corrupción y demorar indebidamente los procesos judiciales”.
