Por JANIE HAR Associated Press
SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, significa que 600.000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos. También mantiene las protecciones para unos 500.000 haitianos.
Chen dijo que las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al cancelar y anular tres extensiones otorgadas por la administración anterior, excedieron su autoridad legal y fueron arbitrarias y caprichosas.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha respondido a un correo electrónico enviado en busca de comentarios.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una designación que el titular del DHS puede otorgar a personas que están en Estados Unidos si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para que regresen debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas.
Las designaciones se otorgan por períodos de 6, 12 o 18 meses, y se pueden conceder extensiones mientras las condiciones sigan siendo graves. El TPS impide que los titulares sean deportados y les permite trabajar.
Poco después de asumir el cargo, Noem revirtió tres extensiones otorgadas por el gobierno anterior a inmigrantes de Venezuela y Haití, lo que provocó la demanda. Noem dijo que las condiciones en ambos países habían mejorado y que permitir que los migrantes de esos países permanecieran en lo que es un programa temporal no conviene a los intereses nacionales.
Millones de venezolanos han huido de la agitación política, el desempleo masivo y el hambre en su país. Venezuela está sumida en una prolongada crisis provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.
Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010 después de que un catastrófico terremoto de magnitud 7,0 causara muerte y lesiones a cientos de miles de personas, y dejara a más de 1 millón de personas sin hogar. Los haitianos enfrentan hambre generalizada y violencia de pandillas.
En el fallo, Chen dijo que diversos gobiernos han ejecutado la ley durante 35 años basándose en la mejor información disponible y consultando a otras agencias, llamándolo «un proceso que involucra un estudio y análisis cuidadoso. Hasta ahora».
Reprendió a la secretaria por revocar «el estatus legal de los beneficiarios de TPS venezolanos y haitianos, enviándolos de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen».
La medida de Noem de revocar el TPS no sólo carecía de precedentes en la manera y rapidez con la que se tomó, sino que también viola la ley, escribió Chen.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Juez bloquea fin de protecciones legales de EEUU para 1,1 millones de venezolanos y haitianos
