Una nueva propuesta en el Congreso de la Ciudad de México plantea eliminar el delito de aborto del Código Penal en la capital. La medida, impulsada por Morena, busca que ninguna mujer sea sancionada por abortar sin importar en qué momento de la gestación se encuentre. El dictamen fue aprobado la semana pasada en las comisiones del Congreso local y se esperaba que pasara al pleno este jueves, sin embargo, la medida fue enviada a la congeladora legislativa sin aviso previo. “Estamos esperando a que se generen las condiciones políticas y sociales para poder avanzar”, señala la diputada de Morena Ceci Vadillo, una de las impulsoras de la medida.
Desde 2007 el aborto es legal en Ciudad de México hasta la semana 12, después de ese punto, el procedimiento solo es legal en caso de violación, inseminación artificial no consentida, riesgos para la salud de la mujer o malformaciones graves o congénitas en el feto. Las legisladoras y activistas que pugnan por la medida buscan que “ninguna mujer sea criminalizada por abortar”, como afirma Vadillo. En los últimos nueve años, se han abierto alrededor de 1.250 carpetas de investigación por el delito de aborto en la capital. La cifra muestra que, pese a los avances, un nutrido grupo de mujeres sigue quedándose en los márgenes, en su mayoría las más pobres.
En los últimos 20 años, más del 80% de las mujeres que han abortado en Ciudad de México lo han hecho antes de las primeras 12 semanas, según datos oficiales. “El otro 20% suelen ser casos de adolescentes y niñas que han sufrido violencia sexual y que, por lo tanto, tienen una detección tardía del embarazo y se les dificulta acceder de manera pronta a los servicios de salud”, explica Vadillo. “También suceden casos médicos donde hay complicaciones severas con malformaciones que implican que los bebés no puedan sobrevivir fuera del útero y las mujeres son obligadas a continuar”, agrega la diputada.
El debate no se ha quedado entre las cuatro paredes del Congreso. La propuesta, como era de esperarse, ha levantado ampollas entre los sectores más conservadores del país y los grupos antiderechos, pero también ha dividido opiniones dentro del propio movimiento feminista. Muestra de que existe un debate abierto sobre las implicaciones de abortar en etapas avanzadas de la gestación.
“Sacar el aborto del código penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, pero en lugar de que esté en el Código Penal, como un delito, nosotras proponemos que se haga desde la regulación sanitaria”, señala Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). De hecho, la reforma propuesta por Morena se ciñe solo a eliminar el tipo penal y no toca la Ley de Salud, que mantiene solo como permitidas y reguladas las 12 primeras semanas para interrumpir el embarazo.
Las impulsoras de la medida explican que sacar el aborto del Código Penal elimina trabas también para los médicos y personal sanitario. “El problema es que los doctores sienten mucho miedo de practicar abortos y verse involucrados en un delito, así que no lo practican en muchos casos”, dice la diputada Vadillo. La amenaza del Código Penal genera un efecto inhibitorio no solo para las mujeres, también para el personal médico que da los servicios. “Se trata de un cambio de paradigma”, menciona la médica y doctora en bioética Ana Cristina González, impulsora del movimiento Causa Justa en Colombia. “Tenemos que abandonar la idea de que tiene que existir un delito para regular el aborto”, señala. “Está demostrado que las normas restrictivas están más asociadas a la mortalidad materna y no impiden regular los abortos ni reducir la muerte ni las complicaciones cuando una mujer decide interrumpir su embarazo”, afirma.
González señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la despenalización del aborto y la eliminación de las leyes que lo prohíben. También considera que el acceso a un aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas. En ese sentido, recomienda “eliminar el aborto de las leyes penales, no promulgar leyes que prohíban el aborto con base en límites de edad gestacional, proteger el acceso a la atención integral y limitar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
