El presidente venezolano Nicolás Maduro incorporó formalmente a su equipo legal a la abogada penalista Anna Estevao, reconocida por su reciente participación en la defensa del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs. La adición quedó registrada este jueves en los expedientes de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Estevao, miembro del bufete Harris Trzaskoma LLP, se unirá a la estrategia liderada por el abogado Barry Pollack, quien ha representado a Maduro desde su captura a principios de año. La reestructuración del equipo técnico se consolidó dos días después de que el propio Pollack anunciara su ingreso como socio a la misma firma jurídica.
El factor «Diddy» Combs en la estrategia
La jurista ganó notoriedad internacional tras asumir el contrainterrogatorio de la testigo estrella de la fiscalía, la cantante Casandra «Cassie» Ventura, en el juicio contra el magnate del hip-hop. Dicha línea de defensa contribuyó a que Combs fuera absuelto de los cargos federales más severos de tráfico sexual y crimen organizado, recibiendo en su lugar una condena reducida de 50 meses por delitos menores de prostitución.
Fuentes del entorno legal sugieren que la destreza de Estevao para confrontar testimonios clave en casos de alta exposición mediática será fundamental frente a la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, la cual se apoya fuertemente en declaraciones de testigos cooperantes y exfuncionarios.
Próximos pasos en los tribunales
Maduro, quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Brooklyn bajo cargos de narcoterrorismo, conspiración y tráfico de armas, se ha declarado no culpable.
La defensa concentra actualmente sus esfuerzos en la audiencia previa al juicio fijada para el próximo 30 de junio en Manhattan. Se espera que en esta comparecencia los abogados presenten las primeras mociones formales para desestimar los cargos, fundamentando su solicitud en la presunta ilegalidad de la operación militar estadounidense ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero, la cual han calificado formalmente como un «secuestro» internacional.
Hasta el momento de la publicación, la fiscalía de Manhattan y los representantes del bufete Harris Trzaskoma han declinado ofrecer comentarios adicionales sobre el desarrollo del caso.
