El jueves, un avión con más de 170 inmigrantes venezolanos, que fueron retenidos en Guantánamo tras ser deportados de Estados Unidos, llegó a Venezuela.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, los 177 migrantes fueron primero trasladados a Honduras antes de ser enviados a su país de origen. Este vuelo parece haber reducido significativamente la cantidad de migrantes en la base naval, que se había usado como parte de las políticas del presidente Donald Trump para controlar la migración.
Las autoridades de Estados Unidos han enfrentado cuestionamientos sobre la legalidad de enviar migrantes a esta base en Cuba, históricamente conocida por retener prisioneros de la «guerra contra el terrorismo». El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sostenido que los migrantes venezolanos enviados a Guantánamo tienen vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, originada en una prisión venezolana.
El Gobierno venezolano solicitó la repatriación de los migrantes, declarando que fueron llevados injustamente a Guantánamo. El presidente Nicolás Maduro afirmó que estos migrantes «no son delincuentes ni malas personas», sino que emigraron a consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. «En Venezuela les damos la bienvenida como una fuerza productiva, con un abrazo de amor», añadió.
Pese a las declaraciones de altos funcionarios de Trump, que aseguraban que Guantánamo estaba reservado para «lo peor de lo peor», nuevas revelaciones judiciales indican que no todos los migrantes enviados a esta instalación representan una «alta amenaza». De acuerdo con estas declaraciones, 127 de los migrantes son considerados de alta amenaza y están retenidos en la prisión de máxima seguridad de la base, mientras que 51 son de amenaza baja o media y se encuentran en un centro de operaciones para migrantes. Todos ellos proceden de Venezuela.
A inicios de este mes, el DHS puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) en una serie de medidas para eliminar las protecciones temporales para ciertos inmigrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no conceder una prórroga del TPS, revirtiendo una decisión del entonces presidente Joe Biden y dejando a unas 600.000 personas en el limbo. La protección de aproximadamente 350.000 venezolanos expira en abril, exponiéndolos a la deportación, y se espera que unos 250.000 la pierdan en septiembre.
