La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición que hizo el gobierno de Nicolás Maduro finales de abril pasado de responder al reciente informe de víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.
La ONG Provea recordó que esa petición del gobierno iimplicaba «acceder a información confidencial de quienes denunciaron».
El gobierno de Maduro solicitó la respuesta al informe de víctimas bajo el alegato de que introdujo «nuevas cuestiones» que podrían no haber previsto.
Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CIP precisó que su marco jurídico no contempla responder «en detalle» cada una de las alegaciones de las víctimas, como exigió el gobierno madurista.
Además, insistieron en que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). , publicado el pasado 20 de abril, contiene «opiniones y preocupaciones» de «víctimas potenciales».
Por tanto, al no ser reconocidas todavía formalmente como víctimas, el Estado venezolano aún no puede responder a lo que ellas expresaron.
El abogado de Provea experto en derechos humanos, Calixto Ávila Rincón, consideró en Twitter que los alegatos del gobierno fueron «vagos» y no persuadieron a los jueces de la CPI de que requerían una respuesta.
Víctimas pidieron reanudar y ampliar la investigación
Al menos 8900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones expresaron mayoritariamente su pedido de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude e incluso amplíe la investigación por crímenes de lesa humanidad contenidos en la Situación «Venezuela I»
El pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó la versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). Precisaron que recibieron al menos 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas.
