A pocos días de la promulgación de la nueva Ley de Amnistía, la esperanza se mantiene para las familias de los detenidos por casos políticos en el estado Carabobo y otras entidades del país. Mientras el gobierno anuncia liberaciones en la capital, en centros de reclusión como Hombres Nuevos El Libertador y Tocuyito, el panorama sigue marcado por pocos procesos de excarcelación.
Para muchos familiares, la realidad es un ciclo interminable de esperas en los tribunales de Maracay y Caracas. Testimonios recabados en la entidad revelan casos de detenidos que ya suman casi tres años tras las rejas sin recibir una apertura de juicio.
«Nos dicen que hay que esperar, que no hay respuesta de nada. Mi esposo tiene casi dos años detenido y desde la preliminar no lo han vuelto a subir a tribunales», relató una de las afectadas para Diario La Calle.
La brecha de la Ley de Amnistía
Aunque la ley fue aprobada el pasado 19 de febrero, las organizaciones de derechos humanos como Foro Penal advierten que el alcance es insuficiente. En Carabobo, se estima que más de 50 presos políticos permanecen en un «limbo jurídico», ya que muchos de los delitos imputados, frecuentemente cuestionados por la defensa, podrían quedar fuera del beneficio legal.
Hasta la fecha, en el estado solo se han registrado pocas excarcelaciones, mientras que la mayoría de los reclusos no han sido llamados ni atendidos por las comisiones técnicas encargadas de aplicar la ley.
Condiciones de reclusión y huelgas
La situación se agrava por las denuncias de irregularidades en los centros de detención:
Restricciones de visitas: Familiares en el SESMA reportan periodos de hasta cinco meses de aislamiento total, con apenas llamadas de tres minutos.
Alimentación: Se mantiene la denuncia sobre la prohibición de ingreso de alimentos caseros, obligando a las familias a depender de una «paquetería mensual» controlada.
Huelga en Tocuyito: Mientras más de 200 reclusos en otros penales del país como El Rodeo I mantienen huelgas de hambre por la exclusión de la amnistía, en Carabobo el silencio institucional ante estas protestas fue poco mencionado.
Familiares de privados de libertad que se encuentran recluidos en el Internado Judicial de Tocuyito, conocido como Sesma Tocuyito, confirmaron al equipo de Observatorio Venezolano de Prisiones el 17 de febrero que funcionarios del penal conversaron con las madres que se mantuvieron durante dos días en las afueras de Tocuyito y les informaron que se efectuarían los traslados en el transcurso del mes de febrero.
Ante esto, los privados de libertad decidieron dar un voto de confianza y por ello cesaron con la medida de protesta que se mantuvo por dos días.
El llamado de las familias
Las madres, esposas y abogados defensores en Carabobo exigen una revisión inmediata de los expedientes. Denuncian que el proceso no ha sido transparente desde el día uno: detenciones sin orden judicial, traslados sin notificación y el uso del retardo procesal como una herramienta de castigo.
«La libertad no puede ser un sorteo», sentencian los familiares, quienes prometen seguir acudiendo a las sedes judiciales hasta que la Ley de Amnistía se traduzca en boletas de excarcelación reales para sus seres queridos.
La ley de amnistía entró en vigencia y el Gobierno aseguró que más de 300 presos serán excarcelados este fin de semana. A los tribunales comenzaron a llegar solicitudes, según el diputado Jorge Arreaza, quien dirige la comisión que evaluará los casos.
Selectiva y excluyente
“Hay inclusiones tan específicas que terminan excluyendo”, dice Alfredo Romero, representante de Foro Penal, la ONG que ha defendido a la mayor parte de los perseguidos políticos venezolanos. En la norma listan 13 situaciones ocurridas en 14 años del periodo de más de dos décadas que se pretende revisar, que comienza el 1 de enero de 1999 y terminó, cuando se promulgó la ley. De esos 14 años señalados para la Amnistía, se han circunscrito algunos pocos meses relacionados mayoritariamente con protestas. Sindicalistas y trabajadores judicializados por defender derechos laborales, personas acusadas por incitación al odio por alguna opinión en redes sociales y los involucrados en casos militares son los grandes excluidos de la ley.
Operación Gedeón
Entre los que han quedado por fuera están los sentenciados a 30 años de prisión por la Operación Gedeón ocurrida en 2020. Esta fue una incursión marítima en lanchas de militares retirados y civiles con apoyo de ex boinas verdes estadounidenses que han sido liberados en intercambios de prisioneros entre Washington y Caracas. En la incursión querían derrocar al Gobierno y no alcanzaron siquiera a desembarcar. En este caso han involucrado a Josnar Baduel, hijo del exministro de Defensa de Hugo Chávez Raúl Isaías Baduel, un preso político que murió en prisión, y hermano de Raúl Emilio Baduel, que también estuvo en la cárcel por participar en protestas y fue liberado a través de un indulto de Nicolás Maduro en 2020.
