El pasado martes 17 de diciembre, Andrea Vidal Gómez, una abogada de 28 años y extrabajadora del Congreso peruano, falleció después de pasar una semana en estado crítico. Su muerte, resultado de un brutal ataque armado en el distrito limeño de La Victoria, desató una ola de indignación y revelaciones sobre un entramado de corrupción y abuso en el interior del Parlamento. Más de cuarenta disparos impactaron contra el taxi por aplicativo en el que viajaba Vidal esa noche. El conductor, José Daniel Vargas Briceño, murió en el acto, mientras que Andrea quedó gravemente herida.
Inicialmente, la Policía Nacional del Perú (PNP) sospechó que el atentado estaba dirigido al chofer, presumiendo un ajuste de cuentas relacionado con extorsiones. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, quedó claro que Andrea era el objetivo principal. Las preguntas se acumulan: ¿Por qué una joven profesional fue víctima de tal violencia? ¿Qué secretos podían ser tan peligrosos como para ordenar su muerte?
La conexión con el Congreso
Andrea Vidal no era una ciudadana más. Hasta septiembre de 2024, trabajó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia, un funcionario que ahora está en el centro de un escándalo de dimensiones mayúsculas. Según investigaciones, Torres Saravia estaría vinculado a una presunta red de prostitución operativa dentro del Parlamento, una estructura que explotaba a mujeres contratadas bajo cargos ficticios.
Un informe del programa Beto a Saber detalló que esta red no solo funcionaba con la complicidad de diversas bancadas parlamentarias, sino que habría tenido como principal objetivo asegurar votos clave en decisiones legislativas.
Según el reporte, Andrea Vidal habría ocupado un importante rol en el esquema, registrando a las mujeres como ‘secretarias’ o empleadas administrativas, quienes luego eran enviadas a cumplir favores sexuales a legisladores. “Ellas ofrecían sus servicios a cambio de algún beneficio”, indicó la fuente.
Los refugios secretos de la red
El semanario Hildebrandt en sus trece recogió testimonios de trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional, quienes por temor a represalias prefirieron mantener su identidad en reserva. Uno de los testigos relató detalles sobre reuniones y fiestas organizadas por Jorge Torres en departamentos ubicados en exclusivos distritos de la capital. Según la fuente, uno de estos inmuebles se encontraba en el piso 16 del edificio ‘The Modern’, en Barranco. Otro refugio, también utilizado para encuentros privados, estaba localizado en la calle Dean Valdivia 207, en San Isidro. Ambos inmuebles eran alquilados a través de plataformas como Airbnb.
Además, trascendió que Torres Saravia solía tomar fotografías y grabar videos de sus invitados durante estas fiestas privadas, imágenes que luego compartía con su círculo más cercano. En una ocasión, incluso, difundió mediante un mensaje de WhatsApp una fotografía comprometedora de un alto funcionario del Congreso, hecho que desató represalias internas y una purga en la Oficina Legal y Constitucional.
En medio de las revelaciones, el nombre de Isabel Cajo, otra trabajadora del Congreso, comenzó a resonar. Según los testimonios recogidos por Hildebrandt en sus trece, Cajo asistió a una de las fiestas organizadas por Torres Saravia y, un mes después, ingresó a trabajar en el Parlamento en el área administrativa y luego como técnica en el despacho del congresista Edwin Martínez, recibiendo un sueldo por encima de los S/ 7 mil (unos 1.800 dólares) a pesar de no contar con un título universitario.
Las fuentes consultadas por el semanario describen a Andrea y a Isabel como figuras cercanas a Torres. Sin embargo, la situación de Andrea destacaba por su peculiaridad. “Andrea no tenía una función clara. Siempre faltaba al trabajo, se planchaba el pelo en horario laboral, o simplemente desaparecía del Congreso. Todo esto, claro, con goce de haber gracias al respaldo de su jefe”, indicó uno de los testigos.
Figuras de poder bajo la lupa
El nombre de Jorge Torres Saravia no es el único implicado en este escándalo. Torres llegó al Congreso bajo la venia de Alianza para el Progreso (APP), una de las bancadas con mayor representación en el Congreso y con un alto poder de influencia que alcanza al Gobierno de Dina Boluarte.
Torres Saravia es conocido por su cercanía con César Acuña, líder de APP y gobernador de La Libertad, y también estaría vinculado a Luis Valdez, secretario general del partido. Ambos tienen un historial de acusaciones relacionadas con corrupción y manejo turbio de recursos públicos.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también miembro de APP, condenó los hechos en un intento de controlar los daños. “Estos graves actos ilícitos afectan la moral y la imagen de la institución”, declaró, asegurando que se tomarían medidas para reorganizar la Oficina Legal y Constitucional.
La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, expresó su indignación en redes sociales, exigiendo una investigación exhaustiva: “Lamentable y condenable lo ocurrido con Andrea Vidal Gómez. ¡Encuentren a los culpables y hagan justicia!”. Su compañera Martha Moyano, de Fuerza Popular, añadió: “El asesinato de Andrea no puede quedar impune. Torres Saravia debe ser investigado a fondo”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, fue más allá, señalando que esta red habría operado con la protección de la Mesa Directiva y figuras políticas de alto rango. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo denunció que la falta de mecanismos transparentes en la contratación ha dejado a empleados vulnerables a situaciones de abuso y coerción.
