El fiscal general de la República, Larry Devoe, dio un balance sobre la realidad del sistema de justicia penal en el país, fundamentado en los resultados de uno de los últimos diagnósticos sociodemográficos realizados a la población privada de libertad.
Primeramente, el funcionario dio a conocer el impacto que tiene el retardo procesal en las decisiones de los internos. “Cuando miras los números de uno de los últimos diagnósticos sociodemográficos de la población privada de libertad, se deja ver que el 75 % de los condenados admitió los hechos», dijo.
El fiscal detalló que este alarmante porcentaje revela una distorsión en la aplicación de la justicia, lo que significa que, ante el retraso en sus causas, la única solución efectiva que encuentra el privado de libertad es admitir los hechos con el único propósito de acortar el tiempo de su reclusión.
Criminalización de la pobreza y primarios en el sistema
Por otra parte, abordó el tema de la criminalización de la pobreza, al recordar que la propia presidenta (E) Delcy Rodríguez, en ocasiones anteriores, ha mencionado que casi el 70 % de la población recluida en los establecimientos penitenciarios pertenece a los denominados «estratos 4 y 5», es decir, provienen de los sectores más desfavorecidos de la población.
Aunado a esta vulnerabilidad socioeconómica, el estudio arrojó un dato significativo: el 81% de estos privados de libertad son de carácter «primario», lo que implica que para la gran mayoría de ellos es la primera vez que se encuentran sometidos a un proceso de justicia penal por la presunta comisión de algún delito.
Igualmente, Devoe puso el foco en el rol actual de los centros de prisión preventiva, al señalar que estos lugares están concebidos como espacios provisionales donde la persona debería pasar muy poco tiempo antes de ser trasladada al establecimiento penitenciario diseñado especialmente para el cumplimiento de la pena; sin embargo, la realidad actual de este diseño original es otra.
Para ilustrar de forma clara la crisis estructural, el Fiscal General acotó que el sistema de justicia penal funciona exactamente como un reloj. Por lo tanto, si una sola pieza no funciona de manera correcta o simplemente no está presente, esa falla termina por afectar e interrumpir el funcionamiento de todo el engranaje completo, lo que se traduce inevitablemente en el retardo procesal que hoy afecta al sector.
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