Los bonos soberanos y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se disparan luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizara al país sudamericano a contratar una asesoría especializada para una eventual reestructuración.
La licencia habilita servicios legales y financieros tanto para el gobierno como para PDVSA, incluyendo la posibilidad de diseñar propuestas concretas para renegociar pasivos. El alcance de la medida incluye “la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”, lo que abre un canal formal para estructurar ofertas a acreedores.
En el mercado secundario, los bonos soberanos con vencimiento en 2027 avanzaban 5,41% hasta 55,53 centavos por dólar, su nivel más alto en nueve años, según precios indicativos recopilados por Bloomberg, mientras que los bonos de PDVSA con vencimiento en 2037 subían 4,1% hasta 40,1 centavos por dólar.
El movimiento de los precios también ha venido acompañado de un cambio en las expectativas sobre el futuro de la deuda venezolana, luego de que Delcy Rodríguez asumiera como presidente encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro (2013-2026).
Pese a la medida, una posible reestructuración de la deuda venezolana enfrenta desafíos. S&P Global Ratings señala que “un plan económico creíble vinculado a la recuperación de la producción petrolera, junto con políticas fiscales y monetarias sólidas, es clave para el éxito de las negociaciones de reestructuración”.
La magnitud del pasivo externo sigue siendo un factor central en la valoración de los activos, incluyendo obligaciones soberanas y cuasi soberanas que se estiman entre US$150.000 millones y US$170.000 millones.
Las expectativas de producción también son un eje central del análisis. El sector aspira a alcanzar 1,5 millones de barriles diarios hacia 2027 y 4 millones hacia 2035, aunque S&P Global estima que “es más probable que Venezuela logre aumentos de producción de 500.000 a 700.000 bpd en los próximos dos o tres años, alcanzando un potencial de 2,5 millones a 3,0 millones de bpd en una década”.
Ofac emitió la Licencia General 58
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General 58, que permite a empresas y profesionales estadounidenses prestar servicios legales, financieros y de consultoría al Gobierno de Venezuela en el marco de una eventual reestructuración de deuda. La autorización incluye a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a las entidades donde la estatal posee 50% o más de participación.
La medida habilita “todas las transacciones… necesarias para la provisión de servicios legales, financieros y de consultoría… en conexión con potenciales procesos de reestructuración de deuda”. Esto abarca la evaluación, preparación y desarrollo de propuestas o materiales técnicos relacionados con una posible negociación futura.
La licencia no permite ejecutar la reestructuración ni negociar directamente con acreedores. El documento aclara que no están autorizadas “la reestructuración, transferencia o liquidación de deuda… ni negociaciones directas entre el Gobierno de Venezuela y los acreedores”. Se trata únicamente de actividades preparatorias.
Tampoco se permiten acuerdos de pago que no sean comercialmente razonables, ni operaciones denominadas en monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, como el petro. La licencia excluye además cualquier transacción que involucre a personas o entidades ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como a individuos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), con excepción de Pdvsa y sus filiales.
Obligaciones de reporte
Las empresas o profesionales que utilicen esta autorización deberán enviar una copia del contrato firmado a las direcciones oficiales del Departamento de Estado y del Departamento de Energía dentro de los diez días hábiles posteriores a su ejecución. La licencia no implica el desbloqueo de activos congelados bajo el régimen de sanciones vigente.
La Licencia General 58 fue firmada el 5 de mayo de 2026 por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y se enmarca en las regulaciones del Título 31, Parte 591 del Código de Regulaciones Federales, que rigen las sanciones financieras aplicadas a Venezuela.
