Por ELÉONORE HUGHES y MAURICIO SAVARESE Associated Press
RÍO DE JANEIRO (AP) — Un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil votó el miércoles por unanimidad a favor de condenar a los acusados de planear el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y de su conductor Anderson Gomes en 2018, un caso que expuso los arraigados vínculos entre la política y el crimen organizado.
El caso ha seguido agitando las emociones en una nación políticamente dividida. Algunos ven a Franco como una mártir y símbolo de la resistencia de la izquierda, mientras que los aliados del expresidente Jair Bolsonaro han atacado su legado y los homenajes que se le han rendido desde que fue abatida a disparos desde un vehículo en marcha.
Los cinco hombres que están siendo juzgados por el asesinato de la activista de derechos humanos convertida en política, que tenía 38 años cuando murió, son el excongresista Chiquinho Brazão, su hermano Domingos Brazão, quien formaba parte de un organismo de control del gobierno de Río, su asistente Robson Calixto Fonseca, el investigador policial Rivaldo Barbosa y el expolicía Ronald Paulo Alves Pereira.
Los hermanos Brazão fueron condenados por los asesinatos de Franco y Gomes y el intento de asesinato de Fernanda Chaves, la encargada de prensa de Franco, quien estaba en el auto y sobrevivió al ataque. Fueron sentenciados a 76 años y tres meses en prisión.
Pereira también fue condenado por los asesinatos y el intento de asesinato, y recibió una sentencia de 56 años. Barbosa fue declarado culpable de corrupción pasiva y obstrucción de la justicia y fue sentenciado a 18 años. Fonseca fue condenado por participación en una organización criminal y recibió una sentencia de nueve años tras las rejas.
Los hermanos Brazão fueron arrestados en 2024 como los presuntos autores intelectuales del crimen. Las investigaciones los han vinculado con milicias que a menudo se oponían a Franco.
Al votar a favor de condenar a los acusados, el juez Alexandre de Moraes dijo que la fuerza impulsora detrás del crimen surgió de la necesidad de mantener el «modus operandi de las milicias, para preservar las ganancias financieras y mantener el poder político en el área».
El juicio comenzó el martes, cuando el vicefiscal general Hindenburgo Chateaubriand sostuvo que los cinco sospechosos deben ser declarados culpables conforme a los cargos y aseguró que los hermanos Brazão estaban al frente de una organización criminal cuyo objetivo principal era Marcelo Freixo, un político y actual titular de la agencia gubernamental de turismo de Brasil, debido a que interfería con sus negocios. Franco trabajó con Freixo antes de ser elegida como concejala en 2016.
Todos los acusados han negado tener cualquier vínculo con el asesinato de la concejala.
Los fiscales afirman que muchos de los cargos provienen de acuerdos de colaboración firmados con los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, condenados en octubre de 2024 a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por los asesinatos.
Amnistía Internacional Brasil señaló que el caso reveló corrupción policial, obstrucción de la justicia y la operación del crimen organizado dentro del aparato estatal. «No habrá justicia real ni garantías de que no se repita a menos que se aborden estos problemas», dijo en un comunicado. Agregó que Brasil es uno de los países con más asesinatos de defensores de los derechos humanos.
El Instituto Marielle Franco, creado tras la muerte de la concejala, señaló en un comunicado que las condenas marcan el inicio de «un nuevo Brasil. Un país que afirma que las vidas de Marielle y Anderson importan, que la democracia no tolera el silencio impuesto por la violencia, y que la justicia es posible cuando el pueblo se mantiene de pie».
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Savarese informó desde Sao Paulo.
