(Marlene Piña Acosta).- José Francisco Jiménez, secretario general de !a Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, afirmó que rechazan el pago que se ha hecho de 65 dólares por concepto de bono vacacional solo al personal activo, excluyendo al sector jubilado, y solicitan un pronunciamiento al Consejo Universitario.
El representante gremial presidió una asamblea en los espacios del Rectorado de la UC, acompañado del presidente de la Asociación de Profesores, Euclides Querales, y de otros gremios profesionales, entre ellos de enfermería, representado en Julio García. Entre los asistentes estuvo la exrectora Maria Luisa de Maldonado, trabajadores y docentes.
Acerca de este beneficio, el secretario general de la Asociación de Empleados de la UC, explicó en declaraciones al Diario La Calle, que las convenciones colectivas establecen que los pagos deben ser de igual valor y de igual cobro, cuando así lo determine el Ejecutivo Nacional.
Cree que detrás de esa separación hay una política diseñada y puesta en marcha desde el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria para intentar dividir a los universitarios entre sectores activos y jubilados. «Con el agravante de que en caso de llegar a ocurrir, aunque estamos seguros que lo van a pensar muy bien para hacerlo, traería como consecuencia que el inmenso sector de jubilados de todas las universidades de país, quedarían fuera de la convenciones colectivas con todos sus beneficios, porque sería pasarlos a un sistema aparte».
Alertó que un sistema aparte de este beneficio no está establecido en la Constitución Nacional, ni en las leyes, ni en la convención colectiva, esta última recordó que es una convención homologada, es decir ley de la República.
Recordo que a pesar que la convención colectiva está vencida desde el año 2022, no se ha vuelto a discutir otra con los universitarios.
Solicitan pronunciamiento al Consejo Universitario
Anunció que en la asamblea se hizo mención a dos acciones; la primera es solicitar al Consejo Universitario un pronunciamiento institucional y público sobre esta situación que han descrito como una política de separación entre activos y jubilados, al igual que eleve un reclamo de lo que por justicia merecen. Citó como ejemplo que si el Gobierno fijó a través de los bonos el monto de 200 dólares y la convención colectiva establece que el período de vacaciones es de tres meses pagables, significa que se debe cancelar 600 dólares.
Además, informó que otro de los acuerdos es que el Consejo Universitario eleve estas solicitudes al Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria como patrono, en este caso a la ministra Ana María Sanjuán, quien también es docente.
