En una decisión que refuerza las políticas migratorias de línea dura en Texas, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló a favor del estado, dictaminando que las autoridades federales no pueden interferir con las alambradas de púas instaladas en la frontera con México. Este fallo revierte una sentencia previa que permitía a los agentes federales cortar las barreras en Eagle Pass, un punto crítico de cruce migratorio.
La controversia sobre estas alambradas, conocidas como concertinas, se intensificó este año cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra el gobierno federal. Según Paxton, la Patrulla Fronteriza había cortado el alambre en múltiples ocasiones para evitar lesiones a los migrantes que intentaban cruzar. Sin embargo, la nueva decisión judicial refuerza el derecho del estado a mantener estas barreras como parte de sus estrategias de seguridad.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el fallo en la plataforma X, reafirmando su compromiso con la instalación de más barreras físicas a lo largo de la frontera, que se extiende por aproximadamente 1.900 kilómetros. Abbott calificó la medida como una herramienta esencial para frenar la inmigración ilegal, alineándose con la política de “tolerancia cero” que también impulsa el presidente electo Donald Trump.
“Vamos a seguir agregando barreras fronterizas con alambre de púas”, escribió Abbott, quien enfrenta críticas de organizaciones humanitarias por el impacto de estas medidas en los migrantes. A pesar de ello, Abbott y Paxton sostienen que proteger la frontera es una prioridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la soberanía del estado.
