La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en firme la sentencia de 25 años de prisión contra Vanesa Andreína Figueroa Vargas y Cristóbal Enrique Corro Herrera, responsables de la difusión y venta de material pornográfico infantil. Con esta decisión, el máximo tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la defensa y cierra judicialmente el caso.
La trama criminal comenzó a desmoronarse en julio de 2023, luego de que una denuncia a través de la red social Instagram alertara a las autoridades. La investigación fue asumida por el Cicpc de La Guaira, cuyos agentes lograron infiltrarse en canales de la plataforma Telegram.
En dichos grupos, la pareja operaba bajo un esquema de ventas por «paquetes», dónde llegaban a vender lotes de hasta 100 videos de abusos por apenas 10 dólares.
El material involucraba a menores de edad en edades comprendidas entre los 2 y 15 años.
Se conoció que los antisociales utilizaban cuentas bancarias conjuntas y transacciones mediante criptomonedas para intentar evadir el rastro financiero.
Tras labores de inteligencia, los acusados fueron capturados en la ciudad de Los Teques, estado Miranda. El proceso judicial avanzó hasta diciembre de 2024, cuando los tribunales de La Guaira dictaron la pena máxima inicial.
La Sala Penal ratificó que no existieron irregularidades durante el juicio y que la gravedad de los delitos cometidos —que vulneran la integridad física y psicológica de niños y adolescentes— justifica plenamente la condena de un cuarto de siglo tras las rejas.
Con la ratificación de esta sentencia, el Estado venezolano envía un mensaje contundente sobre la persecución de delitos tecnológicos vinculados a la explotación sexual de menores.
