Por: Redacción LA CALLE con información de Luis Ferré-Sadurní (The New York Times)
Bogotá / Madrid
La batalla por «la amarilla», la emblemática camiseta de la selección de fútbol de Colombia, ha dado un salto definitivo de los mítines políticos a los tribunales. Un juez de Bogotá ha ordenado de forma provisional al candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, y a su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir la indumentaria oficial del combinado nacional en cualquier acto público o publicidad de campaña.
La medida cautelar, dictada por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá, responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. El demandante argumentó que la apropiación de este símbolo patrio por parte de la maquinaria de De la Espriella vulnera principios fundamentales como «el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido», en un contexto de alta polarización de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará a finales de este mes.
El dictamen judicial añade una enorme presión jurídica a una controversia que ya había sido documentada por el periodista Luis Ferré-Sadurní en The New York Times (NYT). Según el reporte original, miles de simpatizantes habían inundado los centros de votación vestidos con la equipación deportiva durante la primera vuelta electoral, en una calculada maniobra para eludir las leyes que prohíben la propaganda política explícita en las urnas.
Desobediencia civil y el espejo de Bolsonaro
La respuesta del comando de campaña de De la Espriella no se ha hecho esperar. A través de un comunicado oficial, el entorno del abogado penalista —quien recientemente recibió el respaldo público del expresidente estadounidense Donald Trump— rechazó categóricamente la decisión del magistrado e informó que su equipo jurídico ya ha solicitado la revocatoria formal de la medida.
Lejos de replegarse, el candidato derechista ha capitalizado el fallo judicial para espolear a sus bases, convirtiendo la prohibición en una bandera de resistencia cultural. De la Espriella ha convocado a una campaña de desobediencia civil para que los ciudadanos vistan la camiseta amarilla de forma diaria hasta el próximo 21 de junio, fecha de los comicios. «Esta prenda no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña, sino que representa el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país», esgrimió el político.
El fenómeno replica de forma casi exacta la estrategia utilizada en su momento por Jair Bolsonaro en Brasil, donde la camiseta verdeamarela de la canarinha perdió por completo su neutralidad política, transformándose en un factor de intimidación ideológica frente a los sectores liberales y de izquierda. En Colombia, el rival electoral de De la Espriella, el senador izquierdista Iván Cepeda, lidera las denuncias por el «secuestro» de un símbolo que pertenece a todo el país.
El fútbol en el epicentro de la fractura social
La Federación Colombiana de Fútbol ha intentado mantener una postura de neutralidad institucional, emitiendo un comunicado en el que lamenta que un uniforme que simboliza «la disciplina y el trabajo en equipo» sea objeto de controversias ajenas al deporte. Sin embargo, la tensión en las calles ya ha sobrepasado los cauces pacíficos: en las inmediaciones del estadio El Campín de Bogotá, manifestantes de izquierda llegaron a bloquear y empapelar con consignas el autobús oficial de los futbolistas de la selección.
Con la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 a punto de comenzar —donde Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán— y la votación presidencial definitiva fijada para cuatro días después, el país suramericano afronta una anomalía histórica: el torneo deportivo más importante del planeta se jugará en paralelo a un plebiscito político donde el uniforme de la selección es, por orden de un juez, el principal objeto de disputa.
