A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Venezuela fijó una postura contundente frente a la disputa territorial por la Guayana Esequiba, respondiendo de forma directa a las recientes declaraciones emitidas por el Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana.
En el documento, el Estado venezolano rechazó firmemente los pronunciamientos de la autoridad guayanesa respecto a la futura y trascendental decisión que debe emitir la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Alerta por falta de transparencia
El Gobierno venezolano calificó de alarmante la postura del país vecino, señalando textualmente en el texto oficial:
«Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia».
Para la administración venezolana, esta actitud no solo demuestra un claro menosprecio por el derecho internacional por parte de Georgetown, sino que además confirma y fundamenta las «profundas dudas» que Caracas ha sostenido públicamente sobre el curso y la transparencia del proceso que actualmente se desarrolla en dicha instancia judicial de las Naciones Unidas.
Sin consentimiento para la vía judicial
El Estado venezolano aprovechó el espacio para ratificar un principio histórico de su diplomacia: Venezuela nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la CIJ.
En consecuencia, el comunicado emite una advertencia explícita: en defensa del derecho internacional y de su posición histórica, la nación no reconocerá la decisión que pueda dictar la Corte Internacional de Justicia, cualquiera que sea su resultado.
El Acuerdo de Ginebra como única vía
Finalmente, el Gobierno nacional insistió en que la vía judicial no es el mecanismo idóneo para resolver la disputa. En su lugar, reafirmó que el conflicto solo puede y debe ser resuelto bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Caracas recordó que dicho tratado sigue plenamente en vigor y constitucionalmente vigente, por lo que instó a buscar un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable para ambas partes a través del diálogo político y la negociación directa.
