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Mientras disminuye la crisis de inmigrantes en Nueva York, se cierne la amenaza de las deportaciones de Trump

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Tras dos años de afluencia de solicitantes de asilo, los líderes de la ciudad de Nueva York se muestran cautelosamente optimistas ante la posibilidad de que la crisis migratoria haya empezado a disminuir.

Están llegando menos inmigrantes desde la frontera sur de Estados Unidos. Cada semana son más los que abandonan el sistema de albergues de la ciudad, lo que podría allanar el camino para el cierre de algunas de esas instalaciones.

Y, además de la desaceleración, las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump han agregado una gran dosis de incertidumbre a la situación.

Si los dos últimos años se definieron por la forma en que el alcalde demócrata Eric Adams logró acoger a más de 223.000 nuevos inmigrantes, los próximos cuatro años bien podrían centrarse en cómo es que la ciudad lidiará con los esfuerzos de deportación de Trump.

La situación podría volverse tensa ante la posibilidad de que las autoridades de inmigración intensifiquen sus esfuerzos por detener a inmigrantes indocumentados en Nueva York, una ciudad santuario con leyes que limitan su cooperación con los funcionarios federales para deportar a las personas que no son ciudadanos.

Trump dijo la semana pasada que tenía la intención de utilizar al ejército estadounidense para realizar sus planes de deportaciones masivas, aunque una operación a tan gran escala se enfrentaría a numerosos obstáculos legales, logísticos y financieros.

El presidente electo y sus aliados han sugerido que se daría prioridad a la deportación de delincuentes peligrosos, pero han advertido que todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país podrían ser expulsados.

El plan de las deportaciones masivas ha suscitado el temor de las separaciones familiares entre los 412.000 inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en Nueva York. Muchos han estado en la ciudad durante años y tienen hijos o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses o tienen estatus legal.

La mayoría de los inmigrantes recientes han solicitado asilo y ya se encuentran en el denominado procedimiento de expulsión para determinar si pueden permanecer en el país. Eso significa que no pueden ser deportados inmediatamente mientras sus casos se tramitan en los tribunales, según los abogados de inmigración.

A medida que los cruces de la frontera entre Estados Unidos y México han descendido a mínimos históricos, el número de migrantes en los refugios de la ciudad ha disminuido durante 19 semanas consecutivas: el 17 de noviembre, la ciudad albergaba a 57.400 migrantes en 210 refugios, hoteles y complejos de tiendas de campaña, lo que supone un descenso del 17 por ciento respecto al máximo de 69.000 registrado en enero.

Pero los migrantes temen que las deportaciones se centren en los albergues de la ciudad, aunque, en la práctica, las autoridades federales de inmigración solo pueden entrar en un albergue si tienen órdenes judiciales difíciles de obtener contra personas concretas.

Las políticas de santuario de la ciudad también limitan drásticamente el grado en que el Departamento de Policía puede cooperar con los funcionarios federales para deportar a las personas. Pero la agencia federal de Inmigración y Aduanas tiene libertad para detener y efectuar arrestos en la ciudad.

Adams ha dicho que se opone a las deportaciones masivas, pero es partidario de modificar las leyes santuario de la ciudad para que ésta pueda ayudar al gobierno federal a detener a los no ciudadanos acusados de delitos. Cualquier modificación de las leyes santuario requiere la aprobación del Ayuntamiento.

El número de personas que cruzan de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos y México descendió este año a su punto más bajo desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021.

Los cruces ilegales de la frontera empezaron a caer en picada este año cuando México intensificó su represión de las personas que se dirigían hacia la frontera estadounidense. La caída se hizo más pronunciada después de que Biden implementara normas más estrictas en junio que limitaron de manera significativa la capacidad de los migrantes para solicitar asilo tras entrar ilegalmente en Estados Unidos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron unas 54.000 detenciones en septiembre, un 78 por ciento menos que el récord mensual de 250.000 en diciembre de 2023. En la ciudad de Nueva York, solo unos 500 migrantes fueron admitidos en el sistema de albergues en la segunda semana de noviembre, lo que implica un fuerte descenso respecto a los 4700 que llegaron en una sola semana en el verano de 2023.

El año pasado, cientos de personas que esperaban a ser procesadas en el Hotel Roosevelt, un centro de acogida de inmigrantes en Manhattan, se vieron obligadas a dormir a la intemperie cuando la ciudad se quedó brevemente sin camas. Hoy, el vestíbulo del hotel está inquietantemente silencioso, sus filas de sillas, antes abarrotadas, ahora se ven casi vacías.

En Randall’s Island, los trabajadores municipales han empezado a desmantelar los gigantescos dormitorios de tiendas de campaña que llegaron a albergar a 3000 inmigrantes en catres, restaurando lentamente los campos de atletismo sobre los que se construyeron.

Aunque los inmigrantes llegan en menor número, son aún más los que abandonan el sistema de albergues.

A principios de este mes, en una semana en la que entraron 500 inmigrantes en los albergues, salieron más de 1100, según funcionarios municipales. Este patrón se ha mantenido constante en los últimos meses, reduciendo la población total de los albergues.

En total, más de 150.000 de los 223.000 migrantes que la ciudad ha albergado desde principios de 2022 han abandonado el sistema de albergues. No está claro cuántos siguen en la ciudad. También hay un número desconocido de migrantes que entraron en la urbe pero no en el sistema de albergues, probablemente porque tenían otros recursos como contactos familiares.

La estrategia deliberada de la ciudad para reducir la población de sus albergues también ha tenido un efecto. Ha gastado más de 13 millones de dólares en billetes de autobús y avión para más de 47.000 migrantes que querían salir de la ciudad. Los principales destinos fueron Texas, Florida, Illinois y Colorado.

Algunos migrantes también se han trasladado al norte del estado de Nueva York en busca de trabajo. Algunos de ellos, unas 555 familias, han sido reasentados como parte de un programa de reubicación entre el estado y la ciudad, en Albany, Westchester, Suffolk y otros condados.

La ciudad también implementó nuevas reglas en mayo que limitan la estadía de adultos solteros en refugios a 30 días. A la mayoría de los afectados se les han concedido prórrogas tras alcanzar el límite de un mes, pero miles se han visto obligados a salir.

Alrededor del 80 por ciento de los 57.400 migrantes del sistema de albergues son familias con niños.

Proceden de todo el mundo, aunque la mayoría son de Venezuela, Colombia o Ecuador. La ciudad está obligada a alojarlos en virtud de un estatuto de derecho a la vivienda que data de hace décadas y que exige que se proporcione una cama a quien no tenga hogar.

Muchos buscan asilo, una forma de protección legal que se concede a las personas que huyen de la persecución. Luchar por el asilo puede durar años debido a los retrasos en los tribunales de inmigración.

Han sido frecuentes las quejas sobre las condiciones de vida en algunos albergues, incluida la seguridad y la calidad de la comida. Recientemente, el Ayuntamiento ha examinado las normas del gobierno de Adams que limitan el tiempo que los inmigrantes pueden permanecer en los albergues, una política que ha hecho que algunos inmigrantes tengan que dormir a la intemperie.

En muchos refugios, las familias con niños pueden permanecer 60 días, pero pueden prolongar su estancia, aunque no necesariamente en el mismo refugio. Hasta el 1 de noviembre, alrededor del 89 por ciento de las familias que volvieron a solicitar un refugio fueron ubicadas en un centro diferente, según datos obtenidos por la Oficina Presupuestaria Independiente de la ciudad.

En una audiencia celebrada el martes, los legisladores municipales cuestionaron la lógica de obligar a las familias a trasladarse de un refugio a otro cada dos meses y destacaron el daño potencial a los niños que son trasladados más lejos de las escuelas públicas a las que asisten.

La concejal demócrata por Brooklyn Alexa Avilés dijo que obligar a los niños inmigrantes a cambiar de escuela podría “afectar el bienestar mental del niño y su progreso escolar”.

En previsión de la audiencia, Adams anunció un cambio de política. A partir de ahora, las familias con hijos desde preescolar hasta sexto de primaria podrán quedarse en el mismo refugio tras alcanzar su segundo límite de 60 días. También dijo que la ciudad abriría un centro de correo centralizado para los inmigrantes, tras las quejas de que perdían documentos importantes del gobierno al ser trasladados de un albergue a otro.

En la audiencia, los funcionarios municipales defendieron su respuesta, afirmando que habían invertido en la gestión de casos que ha ayudado a los migrantes a presentar 29.000 solicitudes de asilo, así como 34.000 solicitudes de permisos de trabajo.

“Ninguna de estas políticas se hizo fácilmente”, dijo Molly Schaeffer, directora de la Oficina de Operaciones para Solicitantes de Asilo. “Se hicieron para asegurarnos de que protegíamos tanto nuestro sistema de refugios como a las personas en su momento más vulnerable”.

Adams, quien ha criticado al gobierno federal por no proporcionar financiación suficiente, ha hablado en términos críticos sobre la carga que la afluencia de inmigrantes ha implicado para el presupuesto de la ciudad.

Pero las proyecciones previas del alcalde sobre los gastos de los inmigrantes han sido mucho más elevadas de lo que la ciudad ha terminado gastando. Su gobierno ha previsto costos aún más altos en el futuro: 4400 millones de dólares solo en el año fiscal 2025, incluso cuando la población de los refugios sigue disminuyendo.

Los funcionarios municipales afirman que han gastado más de 6000 millones de dólares en los dos últimos años, firmando cientos de contratos de emergencia sin licitación con hoteles y otros contratistas privados para albergar y prestarles servicios a los inmigrantes.

Un descenso continuado de la población de los albergues debería, en teoría, lograr una reducción de los miles de millones de dólares de los contribuyentes que se invierten en alojar y alimentar a los solicitantes de asilo. Pero desmantelar por completo un sistema de albergues en expansión que sigue alojando a miles de familias migrantes podría llevar años.

La ciudad ya está planeando cerrar el gigantesco refugio de tiendas de campaña de Randall’s Island antes de febrero, así como otros cuatro refugios en la ciudad de Nueva York y 10 hoteles que alojan a migrantes en el norte del estado de Nueva York.

 

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