Un masivo operativo conjunto del Ejército y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se ejecuta en el estado Bolívar para desarticular a las organizaciones criminales que controlan la extracción ilegal de oro en el Arco Minero del Orinoco.
El despliegue de las fuerzas de seguridad, que incluye vehículos blindados, helicópteros y agentes fuertemente armados, va dirigido específicamente contra las estructuras delictivas lideradas por alias «Juancho» y alias «Johan Petrica», este último plenamente identificado como uno de los fundadores de la organización criminal «Tren de Aragua».
La incursión militar, concentrada en la localidad de Las Claritas, el kilómetro 88 y el sector Brisas de Cuyuní, cumplió sus primeras jornadas consecutivas manteniendo un clima de extrema tensión. Residentes y mineros artesanales reportaron haber escuchado fuertes detonaciones y ráfagas de viento provocadas por presuntos bombardeos aéreos de baja altura al inicio de la intervención.
De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, estas bandas armadas imponían un estricto régimen de terror y extorsión, cobrando «vacunas» semanales de hasta un gramo de oro a los mineros y altas sumas en dólares a los mototaxistas para permitirles operar en los yacimientos.
A pesar de que los pobladores señalaron el cese de los bombardeos y sobrevuelos, los efectivos de seguridad permanecen desplegados por todos los caseríos de la zona.
Hasta el momento no se ha emitido un balance oficial que confirme el número de personas heridas o fallecidas producto de los enfrentamientos. No obstante, la magnitud de la acción armada ha transformado la zona en un «pueblo fantasma» debido a la paralización total de las actividades comerciales y la huida de cientos de familias mineras, quienes recogen sus pertenencias por temor a saqueos mientras esperan que se defina el futuro laboral en la región.
Por su parte, el desarrollo de este procedimiento en el Arco Minero encendió las alarmas de diversas organizaciones no gubernamentales. La ONG Provea alertó públicamente sobre el riesgo latente de que se ejecuten detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales en perjuicio de la población civil que habita en las zonas afectadas.
Ante este panorama, los defensores de derechos humanos instaron a la Defensoría del Pueblo a realizar un seguimiento estricto en el terreno y exigieron a las autoridades competentes informar con total transparencia el alcance real del operativo, recordando que el uso de la fuerza pública debe respetar siempre las garantías constitucionales, la vida y el debido proceso de las comunidades locales.
