Fernando Pereira, fundador de Cecodap, aseguró en entrevista para Radio Fe y Alegría que, la falta de cifras oficiales por parte del Estado, les impide conocer la magnitud de este problema.
Además, recordó que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025 detalló que 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes no se encuentran dentro del sistema educativo.
Pereira destacó que las escuelas sirven para proteger a los estudiantes de la violencia y otros riesgos presentes en sus comunidades.
En las ciudades, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran laborando, lo hacen principalmente en sectores informales de la economía, según los reportes de Cecodap.
“La mayoría de los chicos que están laborando y que están sujetos a explotación están en sectores informales que muy difícilmente se pueden supervisar”, expresó.
Por otro lado, en las zonas rurales muchos de los menores de edad que están trabajando lo hacen en el sector agrícola, lo cual los puede exponer a los efectos de los pesticidas. Hacia los estados del sur del país, Pereira denunció que muchos niños se encuentran trabajando en sectores mineros.
Una problemática que afecta el desarrollo de los niños y adolescentes
Ante esta situación de persistencia del trabajo infantil en el país, el fundador de Cecodap consideró que los niños “sacrifican su infancia” para asumir roles que corresponden a los adultos.
“Son muchachos que tienen que madurar prematuramente y asumir responsabilidades de adultos cuando deberían estar protegidos”, indicó Pereira.
Asimismo, afirmó que esta situación les provoca estrés y también afecta su desarrollo personal y sus relaciones en el futuro. El experto consideró que se debe reforzar el sistema educativo y mejorar las condiciones económicas de las familias.
Pereira también insistió en que es necesario crear políticas que sirvan para apoyar a cubrir gastos como transporte y útiles escolares.
Desde 2002, el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, problemática que en Venezuela se consolidó en la última década debido a la necesidad de supervivencia familiar frente al deterioro de los ingresos y, al mismo tiempo, como uno de los principales motivos de exclusión educativa. Cada vez que un niño o adolescente deja el aula para incorporarse al mercado laboral, el país pierde oportunidades de desarrollo, movilidad social y construcción de capital humano.
Aunque en el país no existe data oficial sobre este asunto desde hace años, los registros de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello evidencian que la necesidad de trabajar se convirtió progresivamente en causa relevante de desescolarización entre adolescentes.
En 2017, 9% de los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que estaban fuera del sistema educativo abandonaron los estudios para incorporarse al trabajo. La situación se agravó durante la pandemia y alcanzó su punto más alto en 2021, cuando la cifra subió a 16%.
Aunque en 2025 se observa una disminución hasta 12%, el fenómeno sigue teniendo peso determinante y, actualmente, uno de cada ocho adolescentes fuera de la escuela dejó de estudiar para trabajar.
La pobreza transforma a niños y adolescentes
Los informes sostienen que los hogares venezolanos han recurrido a la “maximización del aprovechamiento de su fuerza de trabajo” para cubrir necesidades básicas, por lo que niños y adolescentes comienzan a aportar ingresos en edades cada vez más tempranas.
La consecuencia inmediata de esta situación es una doble exclusión. Por un lado, los menores de edad abandonan prematuramente el sistema educativo. Por otro, ingresan a ocupaciones caracterizadas por la informalidad, bajos ingresos y ausencia de protección social.
Los hombres adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, presentan mayor riesgo de abandonar la escuela por trabajo. En 2017, 12% de los varones desescolarizados señaló el trabajo como razón principal para abandonar las clases, frente a solo 4% de las mujeres, mientras que en 2025 el patrón femenino se mantuvo y el masculino aumentó a 19%.
Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) advirtió que los niños, niñas y adolescentes venezolanos continúan trabajando en actividades agrícolas y mineras, las cuales pueden representar arduas jornadas laborales y riesgos para su salud.
La presión económica se vuelve aún más evidente en el grupo de entre 18 y 24 años de edad. En 2017, 32% de los jóvenes fuera del sistema educativo indicó que el trabajo había motivado su salida del sistema. Aunque el porcentaje descendió ligeramente hasta 29% en 2025, sigue reflejando un fuerte desplazamiento de la educación hacia la actividad económica.
Este comportamiento coincide con el deterioro histórico de la cobertura educativa en educación superior, que en 2025 fue de 22%, y con el aumento de la participación juvenil en empleos precarios.
Fenómeno prohibido por el derecho internacional y la legislación nacional
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad que priva a niños y adolescentes de su niñez, potencial y dignidad, además de perjudicar su desarrollo físico y psicológico.
La OIT advierte que estas actividades vulneran el derecho internacional y las legislaciones nacionales, al impedir el acceso efectivo a la educación o imponer una doble carga entre escuela y trabajo.
Venezuela forma parte de este marco internacional mediante la ratificación de los convenios 138 y 182 sobre edad mínima, fijada en 15 años a escala internacional, y las peores formas de trabajo infantil (esclavitud, trata, pornografía, trabajos peligrosos y reclutamiento forzado).
La legislación venezolana, a través del artículo 94 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), establece que los adolescentes no pueden ejercer ningún tipo de trabajo que esté expresamente prohibido por la ley, que sea peligroso, nocivo para su salud o que menoscabe su derecho a la educación.
El artículo 96 de esta ley fija en todo el territorio nacional los 14 años como la edad mínima para trabajar. Mientras que el artículo 38 prohíbe cualquier forma de esclavitud, servidumbre, explotación o trabajos forzosos para todos los menores de 18 años.
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras complementa a la Lopnna a través del capítulo III, que está dedicado exclusivamente a la protección del adolescente trabajador. Exige que el trabajo no interfiera con su escolaridad y obliga a los empleadores a garantizar condiciones seguras, salarios justos y seguridad social. Establece asimismo que se requiere la autorización del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el permiso de los padres o representantes legales para que el menor de edad pueda trabajar.
