Una red transnacional de secuestros virtuales que operaba en territorio venezolano fue desarticulada tras un minucioso trabajo de campo ejecutado por la División de Investigaciones Contra Extorsión del Cicpc.
El director general de la Policía Científica, Douglas Rico, informó que el cerebro detrás de las llamadas extorsivas es un recluso que purga condena en el Centro Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota, en Colombia.
El líder de las comunicaciones fue identificado como Octavio Obrehayan Rodríguez Esquivel, quien cumple una sentencia de 50 años por el robo y homicidio de un funcionario de la Policía Nacional de Colombia, hecho ocurrido en julio de 2024.
Este sujeto realizaba las llamadas de intimidación telefónica desde el penal utilizando diversos números internacionales, valiéndose principalmente de falsas ofertas en la plataforma Facebook Marketplace como anzuelo para captar a sus víctimas.
La estructura criminal en Venezuela fue descubierta tras la detención de cuatro de sus presuntos integrantes: Alí Rafael Montilla Ollarves (39), Sahanys Yudeysi Aranguren Freites (30), Gregori Elvis Gutiérrez Arangure (40) y Vanessa Antonieta Velis Hernández (25), esta última identificada como pareja sentimental del recluso en Bogotá. Los detenidos actuaban en complicidad con el delincuente internacional para ejecutar el esquema de extorsión en el país.
El modus operandi de la organización consistía en someter psicológicamente a las víctimas haciéndose pasar por miembros de peligrosas bandas delictivas.
Mediante amenazas de muerte, obligaban a las personas a mantenerse en la línea telefónica sin posibilidad de colgar o alertar a terceros. Bajo esta presión y con la falsa excusa de «verificar su identidad», les extraían referencias personales y números de contacto de sus familiares.
Una vez obtenida la información, los delincuentes se comunicaban con los allegados para asegurarles falsamente que tenían a su familiar secuestrado. Para la liberación ficticia, exigían exorbitantes sumas de dinero que inicialmente solicitaban transferir a cuentas de bancos colombianos, aunque debido a la urgencia y desesperación de las familias, terminaban facilitando cuentas de la banca nacional venezolana para agilizar el pago.
El caso ya se encuentra a la disposición de la Fiscalía 74° del Ministerio Público para el debido proceso judicial, mientras las autoridades policiales reiteran el llamado a la ciudadanía a no ceder ante el flagelo de la extorsión y formalizar las denuncias de manera oportuna.
