La mañana de este 13 de febrero, la tensión escaló en el Internado Judicial de Tocuyito , luego de que un grupo superior a los 300 privados de libertad se declarara en huelga de hambre indefinida. La medida de protesta surge como respuesta a los constantes presuntos abusos físicos y psicológicos denunciados por los internos y sus familiares.
Según testimonios recolectados a las puertas del recinto, los reclusos denuncian que fueron trasladados a este centro desde distintas regiones del país bajo la falsa promesa de que su estancia sería temporal (máximo seis meses) antes de retornar a sus penales de origen. Sin embargo, muchos ya superan los ocho meses en condiciones de aislamiento afectivo, lejos de sus núcleos familiares y jueces naturales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), notificó a través de su cuenta en X la protestas en donde calificaron al centro de detenciones como «penal de castigo», señalando que el Ministerio para el Servicio Penitenciario utiliza este recinto para desarticular el arraigo de los presos y someterlos a regímenes de extrema rigurosidad que rozan la violación sistemática de los derechos humanos.
Los familiares que se mantienen en las inmediaciones del penal informaron que, tras el inicio de la protesta marcada por el canto del Himno Nacional y el rechazo a la ración de alimentos, la respuesta de las autoridades fue la represión.
De acuerdo a las declaraciones de los protestantes, los reclusos fueron desalojados de sus celdas y trasladados a la cancha del penal, denuncian que permanecen bajo el sol desde tempranas horas de la mañana sin acceso a agua o sombra.
Exigencias y llamado internacional
Las organizaciones de derechos humanos y el comité de familiares exigen la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y el cese de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La demanda principal de los huelguistas es clara: el retorno inmediato a sus centros de reclusión originales.
