Defensora del Pueblo solicita plan coordinado para atender crisis en centros de detención preventiva
Caracas.– La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, hizo un llamado urgente a los órganos del Poder Público para activar un plan de trabajo coordinado y de alcance nacional. La propuesta, presentada durante un encuentro de las autoridades del sistema de justicia en el Palacio Federal Legislativo, busca abordar de manera inmediata las condiciones críticas que afectan a la población reclusa en los centros de detención del país.
González Lobato enfatizó que la atención a las personas privadas de libertad requiere una cooperación estrecha y sin burocracia entre todos los componentes del sistema judicial penal en el territorio venezolano.
«Estamos comprometidos con este propósito; la vulnerabilidad que enfrentan los privados y privadas de libertad solo se puede atender si lo hacemos juntos», aseveró la Defensora, destacando que es indispensable que las comisiones institucionales se desplacen fuera de Caracas para evaluar las realidades específicas de las instalaciones carcelarias en las distintas regiones y estados del interior.
Combate al retardo procesal y al hacinamiento
La reunión de alto nivel sirvió como escenario para revisar nudos críticos del sistema penitenciario y judicial en Venezuela. Entre los ejes principales de debate destacaron el combate frontal a la corrupción interna, el diseño de estrategias para reducir el retardo procesal y la búsqueda de soluciones estructurales frente a la sobrepoblación en las sedes policiales y centros de detención preventiva.
Las autoridades evaluaron mecanismos técnicos para acelerar la revisión exhaustiva de los expedientes judiciales, garantizando que los procesados reciban respuestas oportunas y apegadas a los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Impulso a los juicios en libertad y beneficios constitucionales
Como una de las medidas prioritarias para descongestionar los recintos carcelarios, se planteó acelerar el otorgamiento de beneficios procesales a aquellos internos que cumplan de forma estricta con los requisitos exigidos por la ley.
El plan apunta a promover que un mayor número de juicios se celebren con los ciudadanos bajo medidas cautelares sustitutivas (en libertad), mitigando de forma progresiva la saturación física de los centros de reclusión.
El encuentro institucional contó con la participación de los máximos representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, así como diputados de la Asamblea Nacional, jueces, fiscales y jefes de los principales cuerpos de seguridad del Estado.
