La ministra para el Servicio Penitenciario de la administración de Nicolás Maduro, Celsa Bautista, informó que la lucha contra el uso de celulares y el acceso a internet en las cárceles venezolanas continúa, luego de que hace siete años atrás se promulgara la ley que prohíbe estos aparatos en esos centros de aprehensión.
“Se hacen requisas diarias para erradicar que los privados de libertad tengan esos teléfonos, porque algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser”, manifestó a Venezolana de Televisión la funcionaria.
De la misma manera precisó que en algunos de estos centros, sin llegar a especificar el porcentaje que representa, se ha implementado un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados.
Hay que recordar que en el año 2016, la Asamblea Nacional, de entonces de mayoría opositora, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, pero hasta el momento las ONG siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.
Bautista aseguró además que su trabajo también está orientado en descongestionar las cárceles venezolanas, a través de la revisión de las penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles pues, explicó, dos días de trabajo reducen un día de condena.
Indicó que los servicios en las prisiones son totalmente gratuitos, por lo que ningún familiar o privado de libertad debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.
“Sí, se garantizan los derechos humanos de los privados de libertad y esa es línea del Gobierno venezolano”, dijo.
En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que en las cárceles de Venezuela se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.
