EE. UU. (FinCEN) flexibiliza la supervisión BSA para instituciones bancarias que presten servicios autorizados en Venezuela. Conoce los detalles y plazos de esta medida.
CARACAS / WASHINGTON — La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (IRS) y reguladores bancarios federales como la Fed, FDIC, NCUA y OCC, ha emitido una declaración de política clave que otorga un alivio temporal a las instituciones financieras estadounidenses que operan con servicios autorizados en Venezuela.
La medida fija una ventana de no aplicación de 6 meses —vigente desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027— con el objetivo explícito de facilitar la recuperación económica, la estabilidad financiera y la ayuda humanitaria tras los recientes eventos telúricos registrados en la nación suramericana, alineándose con las Licencias Generales 60 y 57 de la OFAC.
Condiciones clave para el amparo financiero
Para que una entidad financiera pueda acogerse a esta ventana de flexibilización, FinCEN establece tres criterios fundamentales:
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Cumplimiento BSA vigente: Mantener un programa activo de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y demostrar esfuerzos razonables orientados a la ayuda humanitaria y la recuperación.
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Historial limpio (24 meses): No haber registrado acciones de aplicación final por parte de FinCEN o reguladores primarios por violaciones a la normativa BSA en los últimos dos años.
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Cumplimiento estricto de OFAC: Mantener apego continuo a las regulaciones y autorizaciones de sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Alcance, límites y consideración de riesgo
La resolución protege a las instituciones que ejerzan un «cuidado razonable» ante violaciones no intencionales. Sin embargo, no exime de sanciones por violaciones deliberadas o intencionales de los Requisitos BSA, ni deroga las leyes subyacentes como el USA PATRIOT Act.
De acuerdo con análisis del Grupo Solfin, esta medida reduce sustancialmente el riesgo regulatorio para los bancos de EE. UU., lo que podría traducirse en un mayor apetito para procesar operaciones humanitarias y de reconstrucción, mejorando la fluidez de pagos y la liquidez a corto plazo en el corredor financiero relacionado con Venezuela.
