Por DÉBORA REY Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — La histórica central sindical de Argentina encabezaba el jueves una huelga general de 24 horas en todo el país contra la reforma laboral propuesta por el presidente ultraliberal Javier Milei, mientras el proyecto de ley enfrenta una tramitación incierta en el Congreso.
La medida de fuerza, la cuarta contra el mandatario, se cumplía con alto acatamiento por la decisiva adhesión de los gremios del transporte. En Buenos Aires los trenes de pasajeros y el metro no circulaban, mientras unas algunas líneas de autobuses contaban con un servicio mínimo.
La mayoría de los aviones permanecían en tierra en sus dos aeropuertos, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos locales e internacionales.
Los hospitales funcionaban con servicios limitados y no había actividad en establecimientos educativos, bancos ni recolección de residuos. También se adhirieron empleados estatales, los obreros de la construcción y de industrias.
La actividad en comercios se vio resentida en las zonas cercanas a las estaciones de trenes y centros de trasbordo del transporte público. Sin embargo, la mayoría de las tiendas estaban abiertas en el resto de los barrios.
Esta demostración de fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las centrales obreras más combativas de la región a lo largo de la historia, busca hacer naufragar en el Congreso un proyecto de reforma laboral que los gremios consideran regresivo para los derechos de los trabajadores.
La iniciativa ya cuenta con la aprobación del Senado y empezó a debatirse pasado el mediodía en la Cámara de Diputados. Hasta última hora del miércoles el oficialismo negoció con bloques de la oposición el apoyo al proyecto que en sus ejes principales propone bajar los costos laborales y limitar el derecho a la huelga. Se espera un largo debate, por lo que se votaría cerca de la medianoche.
Milei considera crucial la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen un empleo informal.
Los sindicatos argumentan que la ley debilitará las protecciones tradicionales de los trabajadores al reducir las indemnizaciones por despido, tradicionalmente elevadas; ampliar a más actividades la calificación de esencial —lo que obliga a los gremios a ofrecer servicios mínimos en caso de huelga— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.
«El acatamiento es importantísimo», afirmó Jorge Sola, uno de los líderes de la CGT, quien señaló que la huelga representa «un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad».
Según estimaciones sindicales, aproximadamente el 40% de los 13 millones de trabajadores registrados de Argentina pertenecen a sindicatos y muchos están estrechamente aliados con el peronismo, que dominó la escena política durante décadas.
Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros y portavoz gubernamental, consideró que «el acatamiento al paro es bastante perverso porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo».
Una historia de reformas fallidas
La feroz reacción sindical ha frustrado los intentos previos por reformar el código laboral argentino, considerado uno de los más costosos para las empresas en Latinoamérica.
Tras los derechos consagrados a los trabajadores en la primera parte del siglo XX, dictaduras y gobiernos de signo neoliberal avanzaron con iniciativas para flexibilizar el mercado laboral, pero nunca lograron imponer cambios de fondo.
Un caso emblemático fue en 2001 cuando una reforma laboral impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) y aprobada por el Congreso terminó derogada en medio de acusaciones de pago de sobornos a los legisladores. El escándalo derivó en la renuncia del entonces vicepresidente.
Milei, quien se encuentra en Washington para la reunión inaugural de la iniciativa de la Junta de Paz impulsada por su aliado Donald Trump, decidió avanzar en la reforma tras el triunfo en las elecciones de medio término en octubre que le permitieron al partido gobernante La Libertad Avanza ampliar sus bancas en el Congreso.
El gobierno aspiraba a que la reforma se convierta en ley esta semana, pero el rechazo de la oposición a un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad lo forzó a conceder ajustes al texto procedente del Senado para garantizarse los votos.
El artículo en cuestión modificaba el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.
Con su eliminación, si el proyecto es aprobado en la cámara baja deberá regresar al Senado para su sanción definitiva la próxima semana.
Si bien la CGT convocó al paro sin movilización, los sindicatos más combativos de izquierda y agrupaciones políticas del mismo signo marchaban hacia el Congreso, donde el gobierno montó un fuerte operativo de seguridad.
«El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo», señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en X. «Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras fuerzas están listas y van a actuar».
Un contexto complejo
El debate por la reforma laboral ocurre en momentos en que crece la frustración por la desigual recuperación económica bajo el gobierno de Milei, quien ha logrado desacelerar una galopante inflación mediante un estricto plan de ajuste fiscal, pero con empleo, consumo y salarios estancados.
A ello se suma el impacto en las industrias locales de un aluvión de importaciones, en su mayoría de origen chino, alentadas por el gobierno para ampliar la oferta y bajar precios.
Más de 20.000 empresas locales bajaron sus persianas desde 2023, lo que ha derivado en la pérdida de miles de puestos de trabajo. El último caso fue la víspera con el cierre de Fate, la única fábrica de neumáticos del país, en la que trabajaban 920 operarios.
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La periodista de AP en Buenos Aires, Isabel De Bre, contribuyó en este reporte.
