El engranaje judicial de Venezuela ha dado un giro acelerado este fin de semana. Tras la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció un alud de solicitudes que ya está transformándose en boletas de excarcelación inmediata.
Lo que comenzó el viernes con 405 peticiones se ha cuadruplicado en menos de 24 horas. Hasta este sábado, la cifra oficial de solicitudes procesadas asciende a 1.557, un número que refleja la magnitud del proceso de distensión política que atraviesa el país tras los eventos de enero de 2026.
Puertas abiertas en El Helicoide y Zona 7
El epicentro de esta actividad se concentra en los centros de detención de El Helicoide y Zona 7 (Boleíta). Rodríguez fue enfático al señalar que el flujo de liberaciones es constante y que la orden es agilizar los trámites burocráticos para que el beneficio de libertad plena sea efectivo en el menor tiempo posible.
«En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas que se acogen a la ley. Quienes permanecen en El Helicoide y Zona 7 deberán salir en las próximas horas», precisó el jefe del Legislativo, aclarando que cada caso debe cumplir con el rigor de pasar ante un juez para formalizar la medida.
El alcance: 11.000 ciudadanos hacia la libertad plena
El impacto de la nueva normativa no se limita a quienes están tras las rejas. El Parlamento ha puesto la lupa sobre 11.000 personas que actualmente se encuentran bajo regímenes de presentación, medidas cautelares o casa por cárcel.
El objetivo técnico de la ley es convertir esas «medidas sustitutivas» en libertad plena, eliminando las restricciones que pesan sobre miles de venezolanos que han formado parte del conflicto político de las últimas dos décadas.
Más allá de la Ley: Los Indultos
Para aquellos ciudadanos cuyos delitos o circunstancias procesales no encajan estrictamente en los 16 artículos de la ley, Rodríguez adelantó que ya se trabaja en una vía complementaria: el indulto presidencial. Este mecanismo permitiría que la «sanación de heridas» mencionada por la presidencia encargada alcance a sectores que habían quedado en el limbo legal durante la discusión parlamentaria.
