Por JOHN O’CONNOR Associated Press
SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes que viven en Illinois, uno de los estados más afectados por la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, a partir de ahora cuentan con protecciones contra las labores federales de inmigración cerca de juzgados, hospitales, campus universitarios y guarderías gracias a una ley promulgada el martes por el gobernador JB Pritzker.
La ley, que entra en vigor de inmediato, también pone a disposición medidas legales para aquellos cuyos derechos constitucionales fueron violados durante las redadas migratorias en el área de Chicago, incluyendo 10.000 dólares en indemnizaciones para quienes fueron arrestados ilegalmente mientras intentaban asistir a un procedimiento judicial.
«Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que altere la vida», declaró Pritzker durante la ceremonia de firma en el vecindario de La Villita, un barrio predominantemente latino en Chicago. «Illinois — frente a la crueldad y la intimidación — ha elegido la solidaridad y el apoyo».
Los críticos afirman que la ley será anulada por los tribunales.
La «Operación Midway Blitz» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), que parece haber concluido, dejó más de 4.000 arrestos. Según los datos de las personas detenidas desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, sólo el 15% de los arrestados tenía antecedentes penales, la gran mayoría de ellos por infracciones de tráfico, delitos menores o delitos no violentos.
Los legisladores no regresaron a sesión hasta octubre y aprobaron la medida a finales del mes, enviándola al demócrata Pritzker.
Ahora, los agentes federales tienen prohibido arrestar dentro o cerca de un tribunal a cualquier persona que asista a ciertos procedimientos legales. Además, la ley establece multas de 10.000 dólares por el arresto de una persona que el agente debiera saber que asistía a una audiencia judicial. Impide la divulgación de registros médicos privados por parte de los hospitales, impide a las universidades tomar ciertas acciones con respecto al estatus migratorio de estudiantes o empleados y prohíbe a las guarderías compartir información de estatus.
