AL GRANO 

Por Douglas González

dougon4@gmail.com

Para nadie es un secreto que la crisis venezolana ha entrado en una fase en la que las categorías tradicionales de la política se agotan, parecen insuficientes. Ya no se trata solamente de la disputa entre chavismo y oposición, ni de la discusión acerca de la legitimidad de un gobierno o de la validez de unas elecciones. El problema central es más profundo: ¿quién posee, en última instancia, la capacidad efectiva de decidir sobre el futuro del Estado venezolano?

Ante el desmantelamiento que ha sufrido el Estado y sus instituciones, la denuncia del presunto fraude electoral desde el año 2012, la debilidad jurídica del país, ha comenzado a ganar espacio la hipótesis de que Venezuela pudiera girar hacia un esquema de soberanía tutelada. Es decir establecer una asociación estratégica asimétrica con Estados Unidos, similar al régimen de libre asociación que Washington mantiene con las Islas Marshall.

EL ESTADO 51 NO VA

No seríamos el Estado 51, mucho menos una colonia. Venezuela seguiría siendo un Estado Soberano con gobierno propio, pero con una relación con los Estados Unidos regulada por un “Compact of Free Association”, un acuerdo que reconoce el autogobierno de la nación, , pero le reserva a Washington responsabilidades decisivas en materia de defensa y seguridad, en los programas de asistencia económica y otros estamentos institucionales.

La legislación estadounidense define claramente que los estados asociados mantienen su autogobierno, mientras Estados Unidos asume la autoridad y responsabilidad sobre su seguridad y defensa.

Así que hablar de una “Venezuela tipo Marshall” no significa necesariamente imaginar una anexión, una colonia clásica o la desaparición formal de la soberanía venezolana, como lo quieren hacer ver los sectores trasnochados de la izquierda. No. Más bien significa explorar la posibilidad de un Estado que conserve sus símbolos, instituciones y autoridades nacionales, pero cuya capacidad real de decisión quede condicionada por un poder externo en áreas consideradas estratégicas.
¿Por qué se haría esto? Venezuela es una país inmensamente rico, con una posición estratégica y geopolítica importante en el hemisferio, es un territorio apetecible para potencias antioccidentales tal como lo ha demostrado la experiencia: China, Irán, Rusia, entre otros.

¿CUÁLES SERÍAN LAS COMPETENCIAS DE EE.UU?

La pregunta obligada en este caso es, ¿qué competencias tendría Estados Unidos? Las que se definen  mediante el instrumento jurídico que decidan legítimamente los venezolanos
¿Qué áreas de competencia podría reclamar Washington?
La primera esfera de competencia estadounidense sería la seguridad exterior.
Washington podría aspirar a controlar o supervisar la defensa estratégica, la cooperación militar, la inteligencia y la vigilancia de las fronteras.
En un escenario de transición posterior a una crisis de legitimidad, Estados Unidos podría justificar esa influencia como una garantía temporal contra la desestabilización, la penetración de actores extranjeros o la reorganización de estructuras armadas vinculadas al antiguo poder.
La segunda área sería la política exterior. Un Estado venezolano formalmente soberano podría conservar embajadas y representación internacional, pero ver limitado su margen para establecer alianzas militares, acuerdos de seguridad o relaciones estratégicas con potencias consideradas adversarias de Washington.

La tercera esfera sería la administración de los recursos estratégicos. En el caso venezolano, el petróleo ocuparía inevitablemente el centro de cualquier arreglo. La recuperación de la industria petrolera, la administración de los ingresos, la reestructuración de la deuda y la atracción de capital extranjero podrían convertirse en áreas sometidas a supervisión internacional o estadounidense.
Una cuarta área sería la reconstrucción institucional. Washington podría presionar por la reorganización del sistema judicial, del Consejo Nacional Electoral, de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad. La justificación sería la necesidad de reconstruir instituciones consideradas incapaces de garantizar una transición democrática.

La quinta área corresponde a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las redes transnacionales. En este campo podría establecerse una cooperación especialmente intensa entre agencias estadounidenses y organismos venezolanos. El problema aparecería cuando la cooperación pasará de la asistencia a la dirección efectiva de las operaciones.

Marcos Rubio y las Elecciones Express

Al país le urge establecer un cronograma electoral, no puede ser una promesa más. Debe ser el comienzo del fin de la impunidad. Y si el poder pretende seguir aplazando la democracia hasta que cambie la Casa Blanca, entonces hay que hablar claro y decirlo sin eufemismos: El régimen no está negociando una transición. Está negociando tiempo. Por lo que el secretario de Estado Marcos Rubio, consciente de “la jugada”, presentó la semana pasada un plan rector para celebrar elecciones libres este mismo año. Junto a ese anuncio se dio el de los tres mil técnicos norteamericanos que serán desplegados para asumir la administración temporal en áreas de cooperación estratégica con Venezuela.
Amanecerá y veremos.