Por ELÉONORE HUGHES The Associated Press
RÍO DE JANEIRO (AP) — Cuando un policía brasileño mató al hijo de 19 años de Ana Paula Oliveira en una favela de Río de Janeiro en 2014, la madre de dos hijos no pensó que sobreviviría al dolor.
Oliveira afirma que fundar un grupo con otras madres en duelo —asistir juntas a audiencias judiciales, protestas y actos conmemorativos, y brindarse apoyo psicológico esencial entre sí— le salvó la vida.
“Sin ninguna duda, si hubiera estado sola no habría llegado hasta aquí, 12 años después”, declaró Oliveira en un acto reciente en la antigua escuela de su hijo para conmemorar el aniversario de su muerte. “Nos necesitamos unas a otras para llorar juntas, para sonreír juntas y para luchar juntas”.
Oliveira y otras madres brasileñas recurren al activismo para garantizar que sus hijos sean registrados como algo más que una estadística. Ahora exigen una política nacional para apoyar a los familiares de víctimas de la violencia estatal y obtener financiación pública para costear sus actividades.
La organización sin fines de lucro Instituto Crossfire indicó que 460 personas murieron durante operativos policiales en Río el año pasado, la cifra más alta desde 2016 y un aumento del 52% respecto del año anterior.
Al igual que las Madres de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos creada por mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983, Oliveira y su grupo llaman la atención sobre el dolor generado por las muertes a manos de la policía y buscan que haya rendición de cuentas judiciales, a veces con éxito.
El año pasado viajó a la capital, Brasilia, y se reunió con los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo para presentar su proyecto, desarrollado con el apoyo de Raave, una red de organizaciones que respalda a personas afectadas por muertes causadas por la policía en Río.
“Raave está negociando con el gobierno federal para implementar un proyecto piloto… desarrollado por las madres, para que podamos brindar atención y garantizar los derechos de esta población”, indicó Guilherme Pimental, coordinador de Raave.
Del duelo nace la lucha
Como en otros países de América Latina, incluidos Perú y Colombia, el crimen es un tema clave para los electorales en las elecciones de Brasil en octubre.
Partidarios y aliados del aspirante presidencial Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sostienen que la policía debe recibir pleno respaldo en su lucha contra bandas poderosamente armadas en las favelas, o comunidades urbanas extensas y empobrecidas.
Pero madres en duelo y organizaciones sin fines de lucro sostienen que la policía de Brasil con demasiada frecuencia usa fuerza excesiva, a veces con desenlace mortal.
Johnatha, el hijo de Oliveira, recibió un disparo por la espalda cuando pasaba por una calle de la favela de Manguinhos, en Río, después de visitar a su abuela, contó su madre. Más tarde murió por las heridas.
“Los policías alegan que le dispararon para dispersar a una multitud” que estaba protestando, dice Oliveira, quien quiere que el agente que disparó sea condenado por homicidio intencional. En 2024, un jurado condenó al agente por homicidio culposo, sin intención de matar. Los fiscales apelaron con éxito, pero aún no se ha fijado una nueva fecha para un segundo juicio.
Al igual que Oliveira, Monica Cunha también transformó su dolor en activismo. Después de que su hijo de 20 años fuera asesinado por la policía en 2006, se convirtió en concejala y este mes lanzará su precandidatura para postularse como legisladora estatal en las próximas elecciones de octubre.
“Lucho por la memoria, la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, no sólo por mí, sino para que ninguna otra familia tenga que soportar este dolor”, escribió Cunha en una publicación de Instagram en el 18º aniversario de la muerte de su hijo. «El racismo que mata a nuestros hijos y seres queridos no es un problema aislado, y debe enfrentarse mediante políticas estatales. Seguiré adelante, convirtiendo el duelo en lucha”.
La policía brasileña ha matado a más de 6.000 personas cada año desde 2018, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una destacada organización sin fines de lucro. La mayor cantidad de víctimas tiene entre 18 y 24 años, mientras que el 82% de las víctimas de la violencia policial letal son negras, indicó la organización en su publicación anual de 2025 sobre la violencia en Brasil.
Las tácticas contra las pandillas en las favelas de Río volvieron a quedar bajo escrutinio el año pasado, cuando la policía mató a 117 presuntos miembros de bandas en el operativo más letal de la historia del estado, dirigido contra integrantes del grupo criminal Comando Vermelho en dos favelas. También murieron cinco policías. Los agentes detuvieron a 113 personas, incautaron 118 armas y confiscaron más de una tonelada de drogas en esa operación, informó la policía.
El entonces gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, defendió el operativo, que según él era contra “narcoterroristas”, un término que hace eco del presidente estadounidense Donald Trump. El mes pasado, el gobierno de Trump clasificó al Comando Vermelho, así como a su rival Primer Comando de la Capital, como organizaciones terroristas extranjeras.
«Necesitamos soluciones»
Los hijos de Nadia dos Santos, Cleyton y Cleyverson, fueron asesinados por la policía: el primero en 2015, cuando tenía 18 años, y el segundo cuando tenía 17, en 2022. La policía también mató al hijo de su hermana, Glaucia dos Santos, Fabricio, en 2014, cuando tenía 17 años. Un memorial que honra y retrata a los tres chicos cubre el muro frontal de la casa familiar en el complejo de favelas de Chapadao, en Río.
Las hermanas fundaron grupos de apoyo y comenzaron el largo trabajo de investigar las circunstancias de la muerte de cada chico, buscando responsabilidades a través de los tribunales.
En 2023, los policías implicados en la muerte de Fabricio fueron condenados a nueve años de prisión, una decisión que fue celebrada por otras madres y les dio esperanza, apuntó Glaucia dos Santos.
“Queremos que otros sigan vivos, así que tenemos que mantenernos en pie”, pese al enorme peso del duelo, apuntó Glaucia dos Santos.
Su hermana Nadia comentó que las madres necesitan una política pública nacional de restitución, algo que fue a exigir a Brasilia.
“El Estado debería tener la obligación de darnos a las madres que perdemos a nuestros hijos por la violencia del Estado reparaciones… Luchamos, trabajamos, pero enfermamos. Necesitamos soluciones”, afirmó.
Oliveira sugirió que la restitución podría adoptar la forma de colocar los nombres de las víctimas en espacios públicos y ponerles sus nombres en instalaciones, como escuelas, hospitales y guarderías.
“También hay otras formas de reparación, como construir otras políticas públicas de no repetición que ayudarían a prevenir nuevos casos… Hay muchas cosas que deben hacerse, repararse, para que esta barbarie no continúe”, sostuvo.
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El corresponsal Diarlei Rodrigues contribuyó con esta nota.
