Leopoldo Puchi
El 19 de octubre, la Voz de América informó que Estados Unidos emitió una advertencia en la que amenazó con revocar el alivio temporal de las sanciones petroleras a Venezuela si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no garantizaba, “antes del final de noviembre”, la rehabilitación de candidatos presidenciales opositores y la liberación de presos estadounidenses.
Esta advertencia no provino de un solo portavoz, sino que fue expresada de manera simultánea por varios funcionarios de alto rango, incluyendo al Secretario de Estado, Antony Blinken, el encargado del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y Juan González, del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
En respuesta, Jorge Rodríguez, el principal delegado gubernamental en las negociaciones, señaló que no existía un acuerdo entre las partes con respecto a este punto en particular.
TRANSPARENCIA
Esta controversia plantea varias interrogantes en relación a la transparencia de los acuerdos y a los mecanismos para su seguimiento y verificación. Por tanto, es fundamental que el público esté informado sobre el contenido de los acuerdos y que se trabaje de manera conjunta para resolver los obstáculos que puedan surgir.
Hasta el momento, se ha podido tener acceso al documento suscrito en Barbados entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria. Sin embargo, se ha conocido que, de manera paralela, los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela han llegado a acuerdos cuyos detalles no han sido divulgados.
Estos acuerdos bilaterales abarcarían asuntos que van más allá del contenido del texto de Barbados, como las medidas específicas y el cronograma del alivio de las sanciones, así como el asunto relacionado con la migración y las deportaciones, la liberación de prisioneros, la reanudación de vuelos y otros aspectos.
ADENDA
Se trataría de un acuerdo más global entre ambos gobiernos, mientras que el texto firmado en Barbados representaría una suerte de adenda relativo a las condiciones electorales. Ahora bien, ¿ese acuerdo global es verbal o hay un texto formal que lleve la firma de ambas partes? En cualquier caso, sería un convenio legítimo que requiere un seguimiento adecuado.
No obstante, la falta de información ya ha generado problemas en cuanto a las posibilidades de verificación por parte de la ciudadanía, como se refleja en los debates en torno al tema de las inhabilitaciones.
CUMPLIMIENTO
En Barbados, se firmó un acuerdo con puntos definidos sobre varios aspectos. Un resumen de la BBC destaca los temas acordados: la celebración de los comicios en el segundo semestre de 2024, la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, la promoción de auditorías para el proceso, la participación de observadores internacionales y una actualización del registro electoral que incluya a los venezolanos en el exterior.
Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que deja “sin efecto” las primarias del 22 de octubre, ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos. Esta controversia puede resolverse de forma práctica, debido a que las primarias no estaban diseñadas para tener efectos legales, sino que representaban un compromiso político entre los participantes que no obedece a decisiones judiciales.
Según el marco legal, el próximo año cada partido político determinará, en eventos por separado, quiénes serán sus candidatos. En ese momento, los partidos integrantes de la Plataforma Unitaria decidirán si mantienen el compromiso o si estiman que “las circunstancias han cambiado”.
ESEQUIBO
Además del acuerdo electoral, en Barbados se firmó un pacto adicional en relación con la defensa del Esequibo y Citgo. También es posible que este punto haya sido objeto de discusión en las conversaciones directas entre Venezuela y Estados Unidos, aunque sin conclusiones, teniendo en cuenta que Washington se ha convertido en parte del conflicto por los intereses en juego, su presencia militar en las aguas del Esequibo, así como por su rol determinante, junto al Reino Unido, en los pasos dados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Venezuela.
Sobre el Esequibo, Venezuela ha convocado un referendo para ratificar el compromiso con la defensa de sus derechos y para reafirmar que la CIJ carece de jurisdicción sobre esta disputa. En consecuencia, ha anunciado que no reconocerá ninguna resolución de la CIJ que menoscabe su soberanía sobre ese territorio.
