Tras la aprobación en primera instancia del proyecto de Ley de Amnistía, se espera que el martes o jueves de la semana próxima se debate el proyecto en una segunda y definitiva sesión.
Dentro de este panorama, el debate llega al Parlamento en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.
Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado. Una fuente que estuvo en la primera reunión destacó para AFP con un tono “menos arrogante” en el chavismo ante la presión de Estados Unidos, que habla de transición democrática. La oposición que participó en el encuentro quiere nuevas elecciones, aunque no las apura.
El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.
La ley excluye violaciones graves de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, en «estricto acatamiento» de la Constitución venezolana, que ya prohíbe contemplar este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.
«La amnistía es el marco que va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener o frenar procesos de transición», explicó a la AFP Alfredo Romero, director de Foro Penal. «No puede ser un proceso de persecución contra aquellos que manejaban el poder previamente».
Incluye casos registrados por los hechos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue derrocado por pocos días y la huelga petrolera de ese mismo año. También a los detenidos durante la represión en las protestas antigubernamentales entre 2004 y 2024, después de la cuestionada reelección de Maduro. Más de 2.000 personas fueron detenidas en 48 horas.
Ampara asimismo «infracciones» de jueces, fiscales y otros funcionarios, aunque por lo pronto no incluye reparaciones.
El proyecto incluye la revocatoria de inhabilitaciones políticas entre 1999 al 2026. La nobel de la Paz, María Corina Machado, fue impedida por esta vía de participar en las cuestionadas elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelecto.
También beneficia a civiles juzgados por tribunales militares y establece «garantía de retorno» para quienes están en el extranjero y buscados por las autoridades.
(AFP)
