La destitución de la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, por parte de los legisladores este miércoles, ha exacerbado las tensiones políticas en el país, un aliado estratégico de Estados Unidos en Asia.
Duterte enfrenta denuncias por presunta malversación de fondos públicos y declaraciones de planes para asesinar a Ferdinand Marcos y otros líderes políticos.
Duterte y Marcos, ambos de notorias dinastías políticas, se unieron para las elecciones de 2022, pero su alianza se rompió pronto. Duterte niega las acusaciones de corrupción y califica su destitución de políticamente motivada, opinión compartida por muchos filipinos. Marcos niega su implicación en el proceso.
“Esto está arrastrando a todo el país al caos político”, afirmó Aries Arugay, presidente del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Filipinas, señalando que el proceso busca impedir una eventual presidencia de Duterte en 2028.
Las relaciones de Filipinas con Estados Unidos y China también son un punto de discordia entre los Duterte y los Marcos. La destitución podría intensificar la enemistad entre ambos clanes y sus partidarios. Paolo Duterte, hermano menor de Sara, calificó el juicio político como un «abuso de poder».
El miércoles, 215 de los 306 miembros de la Cámara votaron a favor de destituir a Duterte, con aplausos al anunciarse los resultados. Duterte enfrentará un juicio en el Senado en junio, donde es poco probable que sea condenada debido al apoyo de sus partidarios. Si es hallada culpable, sería destituida e inhabilitada para ocupar cargos públicos, además de enfrentar cargos penales y civiles.
La ciudadanía está cada vez más frustrada con el drama político, considerando que distrae a los líderes de problemas como la pobreza y el desempleo, lo que ha llevado a una caída en la popularidad de Marcos y Duterte en los últimos meses.
