Por ASTRID SUÁREZ Associated Press
BOGOTÁ (AP) — Un centenar de ilegales entregaron el jueves las armas con la expectativa de dar un paso hacia la incorporación progresiva a la vida civil en el marco de un proceso de paz con el gobierno colombiano y una facción disidente de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informaron las autoridades.
Vestidos de camuflado estilo militar, los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dejaron en una mesa su armamento en medio de un acto protocolario realizado en el Valle del Guamuez, un municipio ubicado en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.
Sin armas ingresarán a una zona de ubicación temporal, un área geográfica delimitada en seis hectáreas en la que el gobierno pretende la incorporación progresiva a la vida civil de los disidentes. El gobierno explicó en un comunicado que “tendrán una restricción a su libertad y estarán bajo el control y la supervisión” de las autoridades.
“Dejamos el fusil de hierro porque entendemos que la palabra es un arma más poderosa», aseguró Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el cabecilla de Comandos de la Frontera, que opera en el sur del país, y hace parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Alias “Araña” habló en el acto protocolario de manera virtual desde una cárcel, luego de ser capturado en medio de la mesa de diálogo el año pasado en atención a una notificación roja de Interpol por ser requerido por una corte de Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. En su discurso, el cabecilla dijo que su captura minó la confianza de las bases, pero no quebró el proceso de diálogo.
El gobierno de Gustavo Petro, primer izquierdista en asumir el poder en Colombia, negocia con la facción disidente en el marco de su política de “paz total” con la que abrió negociaciones paralelas con múltiples grupos armados buscando disminuir la violencia y que ha sido cuestionada por sus críticos por falta de resultados.
Las disidencias surgieron de facciones que no se acogieron al histórico acuerdo de paz que hace una década firmó el Estado y las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Actualmente el país lidia con aproximadamente 27.000 armados ilegales dentro de ocho estructuras, incluyendo disidencias, según un informe sobre 2025 de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento e investigación sobre el conflicto interno.
El gobierno ha anunciado la creación de varias zona de ubicación temporal que no se habían materializado hasta ahora. También había logrado que otro grupo armado llamado Comuneros del Sur entregara y destruyera armamento y explosivos.
La semana pasada el presidente estableció el mecanismo del monitoreo para el funcionamiento de la zona de ubicación temporal y ordenó la suspensión de operaciones militares ofensivas y especiales de policías para permitir el ingreso de los disidentes a la zona especial.
El cumplimiento de lo pactado será verificado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, indicó el gobierno.
