El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este viernes 20 de febrero una norma que congelaría la emisión de autorizaciones de empleo cuando el tiempo de procesamiento de asilo supere los 180 días. La medida busca desincentivar las «solicitudes fraudulentas» en un sistema que acumula 1.4 millones de casos pendientes.
WASHINGTON D.C. — El Gobierno de Donald Trump ha dado el paso más drástico hasta la fecha para transformar el sistema de asilo en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) presentó una propuesta de reglamentación que permitiría suspender de forma indefinida la entrega de permisos de trabajo (EAD) a quienes solicitan refugio, si la agencia no logra resolver sus casos en un periodo de seis meses.
Según el comunicado oficial del DHS, la emisión de estos permisos se pondría en «pausa» una vez que el tiempo promedio de procesamiento exceda los 180 días. En las condiciones actuales del sistema, la propia agencia estima que alcanzar el nivel de eficiencia necesario para reanudar las emisiones podría tomar «entre 14 y 173 años», lo que en la práctica supone una eliminación técnica del derecho al trabajo para los nuevos solicitantes de asilo.
El argumento oficial: «Integridad del sistema»
El portavoz del DHS fue contundente al justificar la reforma, señalando que la solicitud de asilo se ha convertido en una «vía fácil» para trabajar legalmente en el país.
“Estamos restaurando la integridad de los procesos de asilo. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes. Esta norma reduciría el incentivo para presentar casos frívolos o fraudulentos que solo buscan un permiso de trabajo”, detalló el comunicado.
Actualmente, USCIS enfrenta una sobrecarga histórica con 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas pendientes, una cifra que el gobierno compara con la población total del estado de New Hampshire.
Cambios clave que deben conocer los solicitantes
La propuesta, que entrará en un periodo de consulta pública de 60 días en el Registro Federal, incluye los siguientes puntos críticos:
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Pausa Indefinida: Si el retraso de la agencia es mayor a 180 días, no se aceptarán nuevas solicitudes de permisos de trabajo bajo la categoría de asilo pendiente (C08).
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Aumento del tiempo de espera: Se propone ampliar a 365 días el tiempo que un solicitante debe esperar antes de ser siquiera elegible para pedir el permiso (actualmente el proceso se inicia a los 150 días).
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Reducción de vigencia: Esto se suma a la política ya implementada en diciembre de 2025, que redujo la validez de los permisos de 5 años a solo 18 meses.
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Nuevas Tarifas: A partir de febrero de 2026, se ha implementado una tarifa anual de asilo de $102 para casos que lleven más de un año en espera.
Para abogados y organizaciones de derechos civiles, esta medida representa un «muro burocrático». Al no poder trabajar legalmente, los solicitantes de asilo se verían empujados a la precariedad económica o al mercado laboral informal mientras esperan años por una audiencia judicial.
El gobierno, por su parte, insiste en que esta «política de demolición» de las normas anteriores es necesaria para priorizar los recursos en quienes realmente buscan refugio por persecución real y no por motivos económicos.
